Los trabajadores y trabajadoras de gran parte de los servicios de emergencia 112 de España se manifiestan para exigir la internalización del servicio y el reconocimiento como personal esencial en las emergencias.
Con motivo del Día Europeo del 112, que se celebra cada año el 11 de febrero, los trabajadores y trabajadoras del 112 de todo el Estado español se concentrarán este año en Barcelona, en el cruce de la calle de la Diputació con el paseo de Sant Joan, frente al Departamento de Interior, a las 11 h. Reivindican que son personal esencial en las emergencias y que las diferentes administraciones autonómicas no pueden seguir considerándoles trabajadores de segunda categoría, externalizándolos a empresas de call center.
El pasado año ya se concentraron en Valencia para denunciar la mala gestión de la DANA y las gravísimas consecuencias que tuvo para la población. Un 112 infradotado y mal gestionado colapsa ante una gran emergencia , y este colapso se traduce en vidas en riesgo o perdidas por la irresponsabilidad de las administraciones.
Este año la concentración se hace en Barcelona porque el 112 de Cataluña lleva más de dos años en huelga sin que el Gobierno haya dado ninguna solución , y con una nueva licitación en camino que perpetuará la externalización. En Andalucía, el 112 mantiene paros parciales desde hace meses; se ha creado una Agencia de Seguridad y Emergencias y, sin embargo, se ha excluido al 112 como si no fuera un servicio esencial en el ámbito de las emergencias.
Los episodios recientes de colapso en servicios públicos críticos, como infraestructuras de transporte y comunicaciones, demuestran que cuando se privatiza, precariza o infradimensiona un servicio esencial, las consecuencias recaen directamente sobre la ciudadanía . En emergencias, los errores no se corrigen con el tiempo: cuestan vidas.
En España, incluyendo Ceuta y Melilla, aproximadamente la mitad de los 112 forman parte de la estructura pública de emergencias de sus comunidades autónomas y están internalizados. En cambio, Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Euskadi y Región de Murcia , dependen de empresas privadas.
Las condiciones laborales de los 112 externalizados no son adecuadas para un servicio de emergencias : convenios de contact center que no contemplan la realidad del trabajo en emergencias y una alta rotación de personal . Pero el principal problema no es sólo laboral: las administraciones están delegando funciones básicas y estratégicas de atención a la ciudadanía a empresas mercantilistas, con graves consecuencias para la seguridad pública.
Garantizar la seguridad es una de las principales funciones de los gobiernos autonómicos. El presidente o presidenta de cada comunidad es la máxima autoridad en materia de emergencias. Externalizar los 112 es una forma de eludir responsabilidades y una negligencia institucional.
El 112 es el primer eslabón de la cadena de emergencias. No integrarlo como miembro de pleno derecho ni asumir su dirección y responsabilidad supone intentar teledirigir un sistema vital sin pilotarlo realmente. Esto es un naufragio seguro para las personas que llaman pidiendo ayuda.
Por todo ello, exigimos a las distintas administraciones públicas que:
- Asuman la gestión directa de los servicios 112.
- Incorporen al personal como propio dentro de las estructuras de emergencias y dirijan las emergencias con responsabilidad.
- Impulsen la profesionalización del puesto de trabajo, el reconocimiento como cuerpo especializado, la valoración de la antigüedad, el cuidado de las plantillas y la prevención del fatiga mediante soporte psicológico sistematizado y condiciones laborales adecuadas.
Nos jugamos mucho: en emergencias no todos los modelos sirven, y la vida de las personas puede depender de una sola llamada al 112.