CCOO reclama la subrogación íntegra de los trabajadores y pide a la Generalitat reforzar los controles de solvencia en las adjudicaciones públicas
Ante la situación de concurso de acreedores del Grupo La Pau, empresa adjudicataria junto con Direxis de uno de los principales lotes del contrato de transporte sanitario de Catalunya, CCOO de Catalunya quiere expresar su preocupación por los efectos que esta situación puede tener sobre los cientos de profesionales que actualmente forman parte de la plantilla de la cooperativa.
Para CCOO, la prioridad absoluta debe ser la protección de los puestos de trabajo y de los derechos laborales de todas las personas afectadas. En este sentido, el sindicato exige que se garantice la subrogación íntegra de la plantilla en las condiciones previstas por la normativa laboral y el convenio colectivo aplicable, sin pérdida de derechos, antigüedad ni condiciones económicas.
Según la información publicada, Direxis ha presentado una oferta para asumir los activos del Grupo La Pau e incorporar a los 484 trabajadores y trabajadoras necesarios para la prestación del servicio, asumiendo también el coste derivado de la subrogación laboral. CCOO considera que esta operación debe ir acompañada de garantías jurídicas y laborales suficientes para que la plantilla no se convierta en la principal víctima de una situación empresarial ajena a su responsabilidad.
Los profesionales del transporte sanitario han demostrado durante años su compromiso con un servicio esencial para la ciudadanía. Por eso, no pueden ser ellos quienes asuman las consecuencias de una mala gestión empresarial ni de las dificultades financieras que han acabado llevando al Grupo La Pau a esta situación.
Asimismo, CCOO considera que este caso pone de manifiesto la necesidad de revisar los mecanismos de control y supervisión en la contratación pública. Resulta especialmente preocupante que una empresa que acumulaba importantes dificultades económicas desde hacía tiempo terminara formando parte de la adjudicación de un contrato público de gran magnitud económica y social. Varias informaciones apuntaban ya a una situación financiera de la empresa deficitaria. Durante el proceso de adjudicación, la propia Junta Consultiva de Contratación Pública de la Generalidad de Cataluña emitió un informe desfavorable y advertía de un capital neto negativo de 646.652 €. Por último, el SEM consideró que la empresa cumplía con los requisitos exigidos.
CCOO reclama al SEM ya los organismos responsables de la contratación pública que refuercen los mecanismos de evaluación de la solvencia económica, financiera y operativa de las empresas licitadoras, especialmente cuando se trata de servicios públicos esenciales que movilizan a cientos de millones de euros y afectan a miles de personas usuarias y trabajadoras. El contrato adjudicado a la UTE formada por La Pau y Direxis es el de mayor dotación económica del sistema de transporte sanitario catalán, con un valor superior a los 381 millones de euros.
Las administraciones públicas tienen la obligación de velar no sólo por la eficiencia económica de los contratos, sino también por su viabilidad a largo plazo, la continuidad de los servicios y la seguridad laboral de las personas que los hacen posibles.
CCOO de Catalunya seguirá de cerca la evolución de este proceso y trabajará, en coordinación con la representación legal de los trabajadores, para que se garanticen todos los derechos laborales de la plantilla y la continuidad de un servicio esencial para la ciudadanía.