Las trabajadoras y trabajadores del 112 de Catalunya llevamos dos años en huelga para reclamar un servicio de emergencias digno, eficaz y 100% público. El próximo 6 de noviembre, a las 12 h, nos concentraremos frente al Departamento de Interior para denunciar la situación crónica de precariedad y para exigir soluciones reales.
27 años de externalización, 27 años de precariedad
El 112 lleva casi tres décadas externalizado a empresas de telemarketing, un modelo que ha demostrado ser ineficaz y perjudicial tanto para los trabajadores como para el servicio que recibe la ciudadanía. Esta gestión privada ha provocado carencia de responsabilidad pública, precariedad laboral, rotación constante de personal y contratos a tiempo parcial.
Además, gran parte de los recursos públicos terminan en beneficios empresariales o en el IVA de la licitación, en vez de invertirse en tecnología y plantilla. Aunque el Govern se comprometió a internalizar el servicio, ahora anuncia una nueva puja para otros cuatro años, con lo que perpetúa los mismos problemas.
Un servicio de emergencias desorganizado y sin herramientas adecuadas
Los trabajadores denunciamos que el sistema informático está obsoleto y no permite una gestión ágil de las llamadas. No podemos informar al ciudadano si una patrulla o equipo de emergencia está en camino porque el sistema no nos lo permite. La cartografía y las bases de datos están desactualizadas y la sobrecarga de tareas dificulta una atención rápida y precisa.
El servicio tampoco dispone de protocolos claros ni de un sistema de guardias eficaz para responder a grandes emergencias. Esta carencia de organización genera inseguridad, decisiones improvisadas y retrasos en la respuesta. La infradotación de personal hace que a menudo haya colas y contestadores automáticos, cuya atención no se ajusta al volumen real de llamadas, que ha crecido cerca de un 93% en doce años.
Una huelga para defender el servicio público y la seguridad ciudadana
Nuestra lucha no es sólo laboral. Reclaman una transformación estructural que permita ofrecer un 112 realmente público, con tecnología moderna, protocolos claros y condiciones dignas. El actual modelo privatizado pone en riesgo la calidad del servicio y, en consecuencia, la seguridad de la ciudadanía.
Queremos un 112 capaz de dar respuesta inmediata y eficaz, que funcione con criterios públicos y que sitúe a las personas en el centro, y no los beneficios empresariales.