Si la asamblea de la plantilla la acepta, la convocatoria de huelga se aplaza al 31 de marzo
En el día de ayer tuvo lugar la mediación de la huelga prevista para el próximo día 26 en todos los servicios de Metro de Barcelona que presta la empresa Securitas. Desde CCOO hemos exigido que las empresas cumplan con sus obligaciones en materia de formación, prevención de riesgos laborales y la revisión del complemento personal del trabajo (CPT), proponiendo una subida del plus de 200 € mensuales.
Durante todo este proceso, las empresas se habían mostrado inflexibles, porque a lo sumo habían ofreciendo subidas del 6 %, es decir, unos 24 € mensuales. Ante esta postura, desde el comité de huelga se presentó una contrapropuesta para paralizar la huelga hasta el 1 de marzo, mientras seguimos negociando a cambio de un pago de 100 € mensuales a cuenta del CPT, propuesta que la empresa ha rechazado.
Finalmente y después de horas de negociación, el equipo de mediación de la Generalitat presentó una propuesta mediadora que hemos decidido aceptar de forma temporal, limitada en el tiempo y sujeta a la aprobación de la asamblea. Esta propuesta incluye lo siguiente:
• Establecer un pago de 50€ mensuales para todos los trabajadores de Metro de Barcelona, a cuenta del CPT existente o que se pueda pactar en el futuro.
• Reunir de forma inmediata el comité de seguridad y salud para atender y revisar todos los servicios prestando especial atención a las medidas de prevención de riesgos laborales.
• Crear un calendario de reuniones quincenales para seguir negociando.
• Si la propuesta es aprobada por la asamblea, aplazar la huelga hasta el próximo 31 de marzo.
Desde CCOO consideramos que esta propuesta no es un punto final, sino una parada en el camino. No aceptaremos seguir trabajando en condiciones tan precarias. En estos días, el comité de empresa fijará un calendario de movilizaciones que acompañe al proceso de negociación.
El servicio de seguridad privada que se da en el metro y de otras infraestructuras ferroviarias es una delegación de un servicio público, por tanto, exige que empresas y administraciones los valoren como tal y no como tareas de bajo valor añadido.