Los datos de la inflación de julio nos muestran un incremento interanual de cuatro décimas en el índice general de inflación y de cinco décimas en la inflación subyacente. Desde CCOO de Catalunya creemos que es necesario interpretar los datos con una perspectiva temporal más amplia y con prudencia, ya que, más allá de la contribución a la inflación por parte de algunos grupos específicos de productos como los carburantes, el encarecimiento es explica principalmente por el efecto base, un efecto de tipo estadístico que aunque muy probablemente se irá reproduciendo durante los próximos meses, debería tender a regularizarse. Hay que valorar que el índice registrado este pasado mes de julio (2,3%) queda muy por debajo del 10,8% que se alcanzó en julio de 2022. Por tanto, a pesar de este repunte, se ha producido una mejora muy significativa durante los últimos doce meses, lo que sitúa a la inflación general dentro de los objetivos de política monetaria y queda como asignatura pendiente la normalización de la inflación subyacente, todavía muy elevada.
En Cataluña el IPC interanual se sitúa en el 2,3%, cuatro décimas por encima del índice registrado el pasado mes (1,9%), se sitúa al mismo nivel que el índice estatal (7,6%). En términos interanuales destacamos el elevado incremento de precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas (10,1 %), seguido de los precios relacionados con el ocio y cultura (8,2 %). El incremento de los primeros tiene que ver fundamentalmente con el aumento del precio de las frutas y el aceite. En cuanto al segundo, tiene que ver con el encarecimiento de los bultos turísticos. Sin embargo, el transporte y el vestido y el calzado, aunque con aumentos aparentemente más suaves, han contribuido aún en mayor medida al incremento del índice.
En el ámbito del Estado, el IPC interanual se sitúa en el 2,3 %, también cuatro décimas por encima del índice registrado el pasado mes (1,9 %) y al mismo nivel que el índice registrado por Cataluña (2,3 %) . En cuanto al análisis de los componentes de la cesta de la compra, se reproduce la misma situación que hemos descrito para Cataluña, destacando el incremento de precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas (10,8 %) y de aquellos relacionados con el ocio y cultura (7,2%).
La inflación subyacente, que es aquella que no tiene en cuenta ni los alimentos no elaborados ni el precio de los carburantes y que, por tanto, captura con mayor fiabilidad el estado real de la economía, aislando el comportamiento más volátil del precio del petróleo, se sitúa en el 6,2 %, tres décimas por encima de la registrada el pasado mes (5,9 %), rompiendo así también la dinámica descendente de los pasados meses.
La tasa de variación anual del ICPH (índice de precios de consumo armonizado), que mide la evolución de los precios siguiendo la misma metodología para todos los países de la zona euro para facilitar la comparación entre países que comparten una misma política monetaria, en el caso español se sitúa en el 2,1 %, cinco décimas por encima del mes pasado (1,6%). Por el contrario, el indicador del ICPH para la zona euro se reduce dos décimas y se sitúa en el 5,3%. Por tanto, los datos de este mes parecerían indicar que la inflación estructural del pasado mes de julio afectó a nuestro país en mayor medida que al conjunto de países que conforman la eurozona, cuando durante los últimos meses la situación era justamente la contraria . Habrá más perspectiva temporal para poder interpretar adecuadamente este giro y ver si se consolida como cambio de tendencia o se queda en un episodio circunstancial.
CCOO considera que:
- Los datos de los beneficios de las empresas del Ibex que en el primer semestre del año ascienden a 26.153 millones de euros hasta junio, 12.385 correspondientes a la banca, ponen de manifiesto hasta qué punto la inflación ha comportado y sigue comportando una redistribución regresiva de la renta. Esta redistribución regresiva lastra e hipoteca el bienestar, seguridad y certeza de las familias trabajadoras, mientras favorece la acumulación de capital por parte de los grandes actores financieros y económicos. Que el Banco Central Europeo premie al sector bancario con una facilidad de depósito del 3,75 %, mientras las hipotecas se encarecen hasta extremos insostenibles para buena parte de las personas trabajadoras, es un auténtico despropósito y parece poner en cuestión los intereses que debería defender la autoridad bancaria europea.
- La estrategia de enfriar la economía, con el incremento del precio del dinero y, en consecuencia, de los créditos para las empresas y para las familias, entra en conflicto con el enfoque de las políticas fiscales europeas que pretenden favorecer la inversión necesaria para hacer frente a la doble transición (energética y climática). La emergencia climática pone de manifiesto, más que nunca, hasta qué punto son perentorias las políticas que favorezcan un cambio del modelo productivo y de consumo, lo que será inabordable si lo que se promueve es la acumulación de capital al precio de dificultar la inversión productiva y el dinamismo de la economía real.
- Los buenos datos macroeconómicos se deben en buena medida a la mejora del mercado de trabajo. Éste comporta más ingresos para el estado del bienestar, por vía de las cotizaciones, como queda reflejado en los balances de la Seguridad Social, pero también más estabilidad por vía del incremento de la contratación indefinida, que se traslada en mayor disposición al consumo por parte de las personas trabajadoras. Así lo explicaba un reciente informe del Banco de España que confirma que el empleo de calidad es la principal garantía por un crecimiento sostenido en el tiempo. Sin embargo, es necesario que esta calidad del trabajo se complemente con un incremento de los salarios que refuerce el poder adquisitivo. En este sentido, resulta clave la negociación de los convenios para mejorar la renta disponible de las personas y para incrementar la productividad del tejido productivo.
- A pesar de los buenos datos de inflación y de empleo, el contexto socioeconómico no puede pasar de largo ante la realidad de que una cuarta parte de la población catalana se encuentra en situación de riesgo de pobreza (24,7 % tasa AROPE para 2022) . Esto comporta la necesidad de ampliar el escudo social catalán y de reforzar los mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades de las personas en su acceso a la educación, la formación y un trabajo de calidad. Resulta, por tanto, perentorio completar el diseño y mejorar la gestión de la renta garantizada de ciudadanía, favoreciendo un encaje eficaz con el ingreso mínimo vital y completándolo con políticas familiares, laborales y sociales que hagan frente a azotes como la baja intensidad laboral o el abandono escolar prematuro.