En diciembre de 2016, en la Comisión Paritaria General de Prevención de Riesgos Laborales, CCOO presentamos el Informe de balance de veinte años de prevención de riesgos laborales en la Generalitat de Catalunya 1996-2016 y propuestas de futuro, donde se analizaba la integración de la prevención en las estructuras de los departamentos y su impacto. Además, se incluían propuestas de mejora con un cambio de filosofía radicalmente distinto al actual sistema preventivo, que consideramos totalmente agotado y fracasado, que se basa en una política errónea de externalizaciones de especialidades preventivas que ha costado más de 50 millones de euros en estos últimos veinte años, que han sido un fracaso, tal y como reflejan las auditorías realizadas por el Instituto Catalán de Seguridad y Salud Laboral de la Generalidad de Cataluña (ICSSL) y el aumento de la siniestralidad.
Este informe ha sido actualizado en enero de 2018 con otro documento denominado Plan para la integración efectiva de la prevención de riesgos laborales y la promoción de la salud en la administración de la Generalitat de Catalunya, que hace balance del último año y que, además, analiza el funcionamiento de las comisiones de trabajo puestas en marcha por esta comisión paritaria general que le valora como desolador y preocupante. En la última reunión de la comisión paritaria general del pasado mes de febrero de 2018 se constató que el Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales que la administración de la Generalitat construyó en 1998, en torno al Decreto 312/98, está totalmente agotado y ya no es una herramienta que pueda resolver los problemas de gestión, integración, recursos humanos y materiales y presupuestarios, y tampoco puede dotarla de herramientas de mejora preventiva para los centros de trabajo.
Después de casi veinte meses desde la presentación de este informe, la Dirección General de la Función Pública no ha dado ninguna respuesta al documento y no dispone de ninguna hoja de ruta que pueda revertir la situación desastrosa que sufre el actual modelo preventivo de la Generalitat con unos indicadores que la ponen en la cola de todas las administraciones públicas. También es necesario denunciar una política errónea de externalizaciones de especialidades preventivas que ha costado más de 50 millones de euros en estos últimos veinte años y que de las 275 personas que trabajan en los servicios de prevención, 146 son interinas y representan el 53,5 % del total del personal.
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