CCOO de Catalunya ha presentado hoy un estudio que identifica a la vivienda como el principal motor de desigualdad social del país y reclama un giro de 180° en las políticas públicas. El sindicato defiende que la crisis de vivienda tiene solución si se afronta con reformas legislativas, fiscales y una ampliación real del yo parque de vivienda asequible, y si la vivienda entra también en el terreno de la negociación colectiva.
Según el estudio "El acceso a la vivienda en Cataluña. Un problema de clase", la situación actual no es causada por falta de oferta, sino por la especulación, el desvío del parque hacia usos no residenciales y décadas de políticas públicas insuficientes. El documento, elaborado por la Fundación Cipriano García, destaca por no limitarse al diagnóstico, sino que aporta un paquete completo y aplicable de soluciones.
Un diagnóstico claro: la vivienda, convertida en frontera de clase
Cataluña dispone de unos 4 millones de viviendas, pero una parte importante no está destinada a ser vivienda habitual: uno de cada cuatro hogares es segunda residencia, hay 106.000 pisos turísticos y cerca de un 11% del parque está vacío. Paralelamente, la vivienda protegida se ha reducido hasta los 100.000 pisos y en diez años sólo se ha levantado un piso protegido por cada 564 habitantes.
Esto se traduce en una presión enorme sobre los hogares: los precios de compra han subido un 40% en diez años y los alquileres llegan a consumir hasta el 50% de los ingresos. Los hogares inquilinos son, de largo, los que presentan mayor vulnerabilidad y mayor riesgo de pobreza.
Las soluciones: una hoja de ruta para cambiar el rumbo
El estudio subraya que la crisis no es inevitable y que existe margen real para transformarla si se actúa en cuatro grandes frentes:
- Cerrar las rendijas legales
Es necesario poner fin a todas las vías que permiten esquivar la regulación del alquiler. Esto significa regular los alquileres de temporada y de habitaciones, blindar la duración de los contratos e impedir que la vivienda se compre con fines especulativos en zonas tensionadas. El objetivo es evitar que las normas queden en papel mojado y garantizar que los precios regulados se cumplen en serio. En este sentido, el sindicato celebra que se haya anunciado un acuerdo entre un gran número de fuerzas políticas en el Congreso y pide que esta regulación salga adelante sin dilaciones.
- Una reforma fiscal que deje de favorecer la especulación
El sistema fiscal debe dejar de premiar a quien especula con vivienda. Esto implica acabar con los privilegios fiscales que permiten a las SOCIMI comprar y gestionar viviendas sin apenas pagar impuestos y aplicar el IVA del 21% a los alquileres turísticos de corta duración para que tributen como cualquier otro negocio de alojamiento. También es necesario que tener pisos vacíos salga caro, y que los beneficios fiscales sólo lleguen a quien pone vivienda realmente asequible en el mercado.
- Ampliar de forma urgente el parque de vivienda asequible
La falta de vivienda asequible sólo puede resolverse si se incrementa en serio la oferta de alquiler accesible y estable. Esto implica movilizar las 420.000 viviendas vacías, blindar que la vivienda protegida no pierda la calificación con el tiempo y apostar por modelos de titularidad pública a largo plazo, como el derecho de superficie o la cesión de uso.
Una pieza clave es extender por todas partes la regla de que al menos el 50% de las nuevas promociones privadas sean vivienda protegida, una medida que todavía no es obligatoria, pero que permitiría multiplicar el parque asequible y reducir la segregación residencial.
- Incorporar la vivienda a la negociación colectiva
La vivienda también debe defenderse desde los centros de trabajo. Por eso, el estudio plantea incluir cláusulas de vivienda en los convenios colectivos, una vía poco utilizada hasta ahora y con un impacto directo en la vida de las personas trabajadoras.
Esto incluye complementos de vivienda, préstamos sin interés para afrontar gastos iniciales, ayudas al traslado ya la mudanza, e incluso proyectos de vivienda cooperativa vinculada a los centros de trabajo. También se suman medidas de tiempo y conciliación, como la flexibilidad horaria o permisos para facilitar la búsqueda de una vivienda digna.
Un estudio pensado para cambiar la agenda política. Este trabajo combina una mirada rigurosa con propuestas operativas e inmediatas y quiere ser una herramienta para orientar la acción de gobiernos, instituciones y agentes sociales. La conclusión está clara: si se prioriza el interés general y no los rendimientos especulativos, el acceso a la vivienda puede dejar de ser una línea divisoria de clase.