CCOO de Cataluña alerta de que el incremento imparable de la inflación subyacente es hoy la mayor amenaza que planea sobre economía y trabajo

Valoración de los datos del IPC de febrero de 2023

El incremento en una décima de la inflación subyacente y del régimen general estatal, hasta alcanzar un 7,6% y un 6,0% respectivamente, supone una mala noticia para la economía y para el mercado de trabajo. Mientras que la inflación en la zona euro se está reduciendo desde octubre del año pasado, en el estado cambió la tendencia este diciembre, para no dejar de subir. Tiene que ver la inflación subyacente, que es la que no incorpora los precios energéticos y los de los alimentos no elaborados, y que, en nuestro caso, en enero ya superaba en 2,2 puntos a la inflación subyacente en la zona euro. Mientras que el régimen general -el más volátil- sigue siendo superior en Europa que en el Estado, la inflación de carácter más estructural está muy por encima en nuestro caso, lo que supone un riesgo a medio plazo en términos de competitividad, porque puede anticipar un escenario con una inflación que se mantenga por encima de la europea. Al mismo tiempo, el efecto de la inflación sobre las rentas de las personas trabajadoras, a lo que hay que sumar el efecto que tiene sobre los créditos hipotecarios el incremento de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), está ahogando la renta disponible y el consumo de los hogares catalanes con efectos directos sobre la demanda y la estabilidad de la economía y del empleo. Mientras la propia Comisión Europea reconoce ahora que las empresas tienen margen para subir los salarios, y que el incremento de los beneficios empresariales no mejoran el contexto inflacionario, las patronales permanecen en su obstinación por garantizar y ampliar los márgenes de beneficio, aunque sea al precio de profundizar una crisis que afecta a la cohesión social y a la estabilidad y proyección de nuestro tejido productivo.

En Cataluña, el IPC interanual se sitúa en el 5,6%, tres décimas por encima del mes anterior (5,3%) y cuatro décimas por debajo del indicador estatal (6,0%). En todo caso, durante los próximos meses deberemos ser prudentes con la interpretación de los datos interanuales dado que se produce un evidente efecto base, consistente en que, a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, los precios de los productos energéticos y alimentarios (ambos países son importantes exportadores tanto de gas como de cereales) se incrementaron notablemente. Por lo tanto, al comparar la subida de precios de este mes con el espectacular incremento de precios de apenas hace un año puede dar la sensación de que los precios no suben tanto cuando, en realidad, hay una distorsión estadística porque hace un año se incrementaron de manera espectacular.

Por este motivo, es especialmente útil tener en cuenta los datos que comparan los precios del mes de febrero con los del mes anterior. Aunque, de esta manera, no evitamos un posible componente estacional (no muy previsible entre los meses de enero y febrero), sí conseguimos aislar la distorsión de dicho efecto base. En este sentido, en Cataluña el IPC intermensual es del 1,0% y en el conjunto del estado es del 0,9%. Por tanto, vemos claramente cómo el incremento de precios respecto al mes anterior es mucho más acusado que el que reflejan las variaciones interanuales, tanto por Cataluña como por el conjunto del estado.

A nivel del Estado, el IPC interanual se sitúa en el 6,0%, una décima por encima del mes anterior (5,9%) y cuatro décimas por encima del indicador para Cataluña (5,6%).

El grupo de productos que más se ha encarecido respecto a hace un año es el de alimentos y bebidas no alcohólicas, que se ha incrementado en el  16.6% en el estado y 14.5% en Cataluña. En concreto, encontramos que productos tan básicos para la cesta de la compra de cualquier familia como los cereales, que se han encarecido un 23,2%, los huevos (28,0%), el aceite (32,9%), las legumbres y las hortalizas (23,6%), el azúcar (52%), la leche (33,1%), etc. En cambio, aquellos productos donde se han focalizado las políticas públicas, como el transporte público urbano, han disminuido (en este caso, con una reducción de      -25,9%).

La inflación subyacente, que es aquella que no tiene en cuenta ni los alimentos no elaborados ni los precios de la energía y que, por tanto, captura con mayor fiabilidad el estado real de la economía, aislando el comportamiento de aquellos productos más volátiles, se incrementa en una  décima y alcanza el 7,6%, un punto y seis décimas por encima del índice general (6,0%). Aunque puede parecer un tímido aumento, lo cierto es que este indicador tiene una tendencia ascendente imparable que preocupa enormemente dado que es un muy buen indicador del nivel de salud de la economía y por los motivos expuestos al comienzo de la nota.

La tasa de variación anual del IPCH (Índice de Precios de Consumo Armonizado), que mide la evolución de los precios del estado, siguiendo la misma metodología para todos los países de la zona euro, con el fin de facilitar la comparación entre países que comparten una misma política monetaria, en el caso español se sitúa en el 6,0%, aumentando una décima respecto al mes anterior. Cabe destacar como el IPCH para el conjunto de países que integran la eurozona es de 8,5% (una décima por debajo del mes anterior, que fue de 8,6%). Este diferencial de 2,5 puntos porcentuales entre el IPCH del estado español y el del conjunto de países de la zona euro, responde en buena medida a las políticas de contención de precios focalizadas en el sector energético que se han aplicado en nuestro país («excepción ibérica») y nos guían en relación a qué medidas pueden resultar  efectivas para contener los precios, a diferencia de las políticas monetarias tradicionales aplicadas por parte del BCE y que no responden a las características de la situación actual.

CCOO considera que:

• A pesar de los esfuerzos y la iniciativa del gobierno central para mejorar la renta disponible mediante medidas como el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, la ampliación del escudo social o la mejora de los salarios de los trabajadores/as públicos, se convierte en perentorio una mejora de los salarios en el marco del Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva. La propuesta actual por parte de los sindicatos que liga la revisión salarial a la evolución económica de los sectores y de los beneficios empresariales es la mejor manera de garantizar que se redistribuyen los esfuerzos y se alcance una cierta estabilidad.

• Mientras gobiernos como el francés han introducido medidas de control de precios de hasta 200 productos, sigue habiendo una oposición frontal a ampliar las medidas que han permitido contener los precios del gas y de otros productos. La garantía del acceso a los productos de primera necesidad debe hacerse efectiva mediante la mejora de salarios y prestaciones, pero también por vía de la contención de los precios. Para evitar que las medidas públicas acaben lastrando déficit y deuda pública, es clave que estas medidas redistribuyan al mismo tiempo los esfuerzos entre sector público y privado, gravando vía Impuesto de Sociedades los beneficios empresariales.

• Las políticas del BCE continúan alineadas en una estrategia que no ayuda a frenar la inflación y que tiene ya un elevado coste social. Mientras los beneficios de los bancos suponen un agravio a la situación de la mayor parte de los hogares, se sigue poniendo presión sobre las rentas del trabajo, preservando las del capital. La política monetaria que está forzando la autoridad bancaria europea pone en peligro la recuperación y devalúa el impacto de las políticas fiscales que se están aplicando y también la imagen de unas instituciones europeas que parecen recuperar por momentos las inercias y errores generados en respuesta a la crisis financiera anterior.

Barcelona, 14 de marzo de 2023