La falta de autorización administrativa está detrás del crecimiento del trabajo irregular, según la memoria semestral del Centro de Información para Trabajadores Extranjeros (CITE)
Como ya advertimos en el momento de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería, ninguna de las mejoras recogidas en la normativa tendrá efectos positivos reales en la ciudadanía si no se garantiza un funcionamiento ágil y eficaz de las administraciones responsables de su aplicación. Cuatro meses después, la realidad confirma estas advertencias.
Actualmente, las oficinas de extranjería sufren una situación de colapso a la hora de resolver los miles de expedientes acumulados. En el caso de la Oficina de Extranjería de Barcelona, la cifra se acerca a los 80.000 expedientes pendientes, debido a la carencia de recursos humanos y tecnológicos para afrontar el incremento de solicitudes derivado del nuevo reglamento. Recordamos que esta situación ya fue denunciada por los propios trabajadores y trabajadoras de las oficinas de extranjería con la convocatoria de dos jornadas de huelga parcial el pasado mes de junio.
Esta ineficacia administrativa tiene consecuencias muy graves en la vida cotidiana de las personas extranjeras: retrasos, inseguridad, vulnerabilidad y mayor exposición a situaciones de explotación laboral. Además, la falta de concreción en los procedimientos y la proliferación de interpretaciones distintas al marco legal por parte de las administraciones incrementan la inseguridad jurídica, en lugar de reducirla.
Los datos del CITE confirman el impacto de la situación
El trabajo cotidiano de atención jurídica y social a las personas migradas que realiza el CITE permite constatar esta realidad. Según su memoria semestral, durante los primeros seis meses de 2025 las 31 oficinas del CITE de CCOO de Catalunya han atendido a 6.267 personas (el 58% mujeres), que han realizado 9.074 visitas en total.
De éstas, el 74,1% no disponen de autorización administrativa para residir y trabajar en el Estado, y el 52,1% de las consultas están relacionadas con vías para regularizar la situación administrativa. Este colapso administrativo tiene, por tanto, un impacto directo sobre miles de personas que se ven abocadas a la irregularidad ya la precariedad.
Más trabajo irregular en sectores feminizados y vinculados al turismo
El 51% de las personas atendidas por el CITE trabaja actualmente, y de éstas, el 79,4% lo hace de forma irregular, 3 puntos porcentuales más que en 2024.
El trabajo del hogar sigue siendo el principal sector de empleo (32,5 % del total; 94 % mujeres), seguido de otros servicios (19,7 %), hostelería (15,7 %) e industria (11,3 %). Los sectores vinculados a la terciarización y al turismo (otros servicios y hostelería) representan conjuntamente el 35,4% de las ocupaciones, mientras que el sector de los cuidados (trabajo del hogar) supone un 32,5%. En conjunto, estos sectores presentan un elevado nivel de feminización: casi el 74% de las personas que trabajan en ellos son mujeres.
En cuanto al trabajo irregular, el 38% corresponde al trabajo del hogar y el 34,5% a los sectores vinculados al turismo (otros servicios y hostelería). En total, el 72,5% del trabajo irregular se concentra en estos ámbitos, afectando especialmente a las mujeres, que representan al 75% de las personas que trabajan sin contrato ni cobertura legal.
CCOO exige más recursos humanos y materiales
Desde CCOO de Catalunya exigimos respuestas inmediatas y soluciones concretas para acabar con la situación de colapso en la gestión de los procedimientos de extranjería. No se puede seguir ignorando la gravedad de la situación ni normalizando la precariedad laboral de los trabajadores y trabajadoras de estas oficinas.
Al mismo tiempo, es imprescindible incrementar los recursos destinados a la Inspección de Trabajo para combatir las situaciones de explotación que provoca esta inseguridad jurídica, así como impulsar las vías de regularización contempladas en el Reglamento, especialmente la colaboración con las autoridades laborales como mecanismo efectivo para regularizar la situación administrativa de estos trabajadores y trabajadoras extranjeros que actualmente trabajan en la economía sumergida.