En el marco del Día Mundial del Agua, y ante la sequía persistente, es necesario garantizar una gestión social de las restricciones y profundizar en las medidas estructurales
El día 22 de marzo fue declarado como Día Mundial del Agua por la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU). El objetivo número 6 de los ODS (Objetivos de desarrollo sostenible) trata de garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas las personas. La garantía del suministro de agua en cantidad y calidad suficientes es fundamental para el desarrollo de la sociedad y para la lucha contra la pobreza y las enfermedades en cualquier parte del mundo. En Cataluña, la disponibilidad de agua para las necesidades fundamentales de las personas no está en riesgo a corto plazo, a pesar de la larga sequía que nos afecta. Sin embargo, si son probables restricciones que afectarán a la actividad económica ya usos que ahora damos por garantizados.
En primer lugar, Cataluña se encuentra mejor preparada para garantizar la disponibilidad de agua este año que ante la sequía de 2008, precisamente por las medidas que se tomaron a raíz de ese episodio. Medidas que han sido: aumentar la capacidad de desalinización, regeneración y captación. Tanto las administraciones públicas como el sector privado han aumentado la eficiencia en el uso del agua, pero, básicamente, esto no ha supuesto menos presión sobre el recurso ni la mejora de su calidad, porque han aumentado los usos del agua. agua por volúmenes equivalentes a los ahorrados, mediante prácticas más eficientes.
La sucesión de episodios de sequía significó cierta concienciación sobre la necesidad de ahorrar un escaso recurso como el hídrico. Esto ha permitido llegar a consumos de agua doméstica per cápita bastante aceptables, en comparación con otros territorios. En cualquier caso, todavía hay margen de mejora. Por ejemplo, algunos municipios todavía tienen pérdidas muy elevadas en su red de agua potable, lo que debería corregirse con urgencia. También sería interesante incentivar medidas de ahorro en los hogares, de forma similar a lo que se está haciendo con la eficiencia energética, en paralelo a la definición de un modelo de tarificación más social, que permita que todo el mundo pueda disponer de niveles básicos de consumo independientemente de su vulnerabilidad económica.
La situación de emergencia climática declarada por las instituciones debe suponer tomar medidas estructurales sobre el uso y la gestión del ciclo del agua para adaptarnos a las consecuencias del calentamiento global, que comportarán episodios de sequía más frecuentes y aún más desgarradores de los conocidos hasta ahora. Es necesario aumentar nuestra capacidad de desalinizar, pero sabiendo que el coste energético de esta técnica la hace inviable para usos económicos distintos de garantizar el agua por usos básicos de las personas. Garantizar los usos por la actividad económica pasa por incrementar la eficiencia para reducir el total de volúmenes utilizados, pero también por aumentar nuestra capacidad de regeneración de las aguas empleadas. Y esto no sólo pide inversiones en infraestructuras de tratamiento y crear una doble red de agua según los usos y el origen, también obliga a abandonar las prácticas que contaminan las masas de agua por filtraciones o vertidos y las que dificultan y encarecen la regeneración.
Sólo con un programa intensivo de ahorro, regeneración y para evitar la degradación de las masas de agua será posible liberar los caudales necesarios por la imprescindible función ecológica del agua en el medio natural. Necesitamos recuperar la calidad y cantidad de las aguas que corren por nuestros ríos y la que se mantiene en el subsuelo como posible reserva en circunstancias de sequía. Las medidas de emergencia no deberían hacernos perder de vista ese objetivo.
Para mantener la calidad del agua que necesitamos es necesario cuidar el mantenimiento del caudal de los ríos, lagos y acuíferos, de sus entornos y no contaminarlos. Es necesario garantizar estos usos respecto a otros vinculados a actividades económicas, legítimas, pero que no se pueden poner por delante, ni del derecho de las personas de la gestión sostenible que garantice la disponibilidad de agua en el futuro.
Hay que reducir el agua que captamos, porque habrá menos disponible, porque debemos respetar y mejorar los caudales ecológicos, como la forma de garantizar la sostenibilidad y conservación de los recursos hídricos. Todo esto debe llevarnos a revisar las concesiones de uso de un bien que es público en circunstancias de cambio climático, que lo limitarán aún más.
El agua no es sustituible por ningún otro recurso. Por eso no se puede gestionar como si fuera un bien más de mercado ni financiarla. En este sentido, es necesario reforzar las políticas públicas de control y gestión del agua priorizando el interés general, y respetando siempre la jerarquía de usos del agua que pone el derecho humano al agua, a la salud y la cuidado del medio ambiente por delante del resto de usos.
Hoy, la planificación del ciclo del agua en Cataluña, carece de la participación de los sindicatos más representativos. En 2010 se nos echó del consejo de Dirección de la Agencia Catalana del Agua -no se hizo lo mismo con las patronales-, entre otros motivos para facilitar el fracasado proceso de privatización del empresa pública Aigües Ter-Llobregat, que garantiza el suministro a la mayor parte de la población de Cataluña.
Cabe recordar que por la sequía del año 2008 se constituyó la Mesa para la sequía. Entonces se puso de manifiesto que existen varias formas de enfocar las eventuales restricciones con diferentes impactos para las personas y los puestos de trabajo según se tomen unas opciones u otras. En estos momentos, son órganos estrictamente interdepartamentales los que gestionan la actual situación de sequía. CCOO reclama al Gobierno de la Generalitat, y en concreto al Departamento de Acción Climática, que reincorpore la visión de los agentes sociales a la gestión del actual episodio de sequía ya la elaboración de políticas para hacer frente a un problema estructural y que también afecta a millones de puestos de trabajo.
