Los accidentes de trabajo durante la jornada laboral se reducen un 2% durante los primeros siete meses de 2025 respecto al mismo período del año anterior, pero la mortalidad laboral se dispara con un aumento del 44,44%.
Según los datos publicados por el Observatorio del Trabajo y Modelo Productivo de la Generalitat, entre enero y julio de 2025, 120.131 personas trabajadoras han sufrido alguna lesión a causa de un accidente de trabajo en Cataluña.
Entre estos accidentes, el 43,16 por ciento se ha producido sin baja médica, mientras que el 56,84% (68.288), sí. Entre estos últimos, 56.344 ocurrieron dentro de la jornada laboral (disminución del 2 por ciento) y 11.944 en los desplazamientos de camino de ida o vuelta del trabajo (incremento del 0,77 por ciento).
Estas cifras siguen mostrando un escenario poco favorable en lo que se refiere a la siniestralidad laboral. Por un lado, no se logran reducir los accidentes in itinire. Por otro lado, a pesar del descenso del 2% en el conjunto de los accidentes en jornada laboral, 52 personas han perdido la vida mientras trabajaban, lo que supone un incremento preocupante (+ 44,44 %) respecto al mismo período del año pasado. Este fenómeno se concentra especialmente en la industria (+100%) y la construcción (+180%).
Además, observamos un aumento del 136,66% de los accidentes mortales traumáticos, por lo que la mitad de las muertes ocurridas dentro de la jornada son por causas básicas de seguridad, fáciles de detectar y prevenir. En cuanto a los accidentes mortales relacionados con patologías no traumáticas, como ictus e infartos, aumentan un 10% y dejan la cifra de 22 personas fallecidas por estas causas durante los primeros siete meses del año (el 42,31% del total de accidentes mortales durante la jornada).
Queda patente, por tanto, el deterioro de un sistema preventivo que, después de casi 30 años de aplicación de la Ley 31/1995, no consigue controlar los riesgos elementales de seguridad ni tampoco los relacionados con la organización del trabajo. En muchos casos, las empresas prefieren ahorrar inversiones en prevención que salvaguardar la seguridad y la vida de las personas trabajadoras.
En este sentido, cabe recordar que según los últimos datos facilitados por la Generalitat, sólo el 34,61% de las empresas catalanas han completado el ciclo preventivo en cuanto a los riesgos de seguridad y sólo el 5,5% respecto a los psicosociales.
Considerando el conjunto de accidentes ocurridos dentro de la jornada, todavía estamos lejos de las cifras que teníamos en 2012, año en el que se inició una curva creciente de la siniestralidad, generada sobre todo por la precariedad instalada por las reformas laborales introducidas durante ese período.
Así, los 56.344 accidentes notificados durante los primeros siete meses de 2025, suponen un aumento del 23,97 % respecto al mismo período de 2012 (45.449 accidentes en la jornada).
De forma contraria, tal y como hemos señalado y analizado en nuestros informes anuales de salud laboral, la reciente reforma laboral de 2022 muestra efectos positivos en términos de reducción del número de accidentes, pero sigue siendo necesario introducir mejoras en las empresas y políticas públicas que garanticen un empleo de calidad.
Es necesario, por tanto, que se impulsen políticas de movilidad por parte de las empresas y las administraciones para reducir los accidentes relacionados con los desplazamientos e introducir cambios significativos en la normativa preventiva que limiten la externalización masiva de los servicios de prevención, lo que denunciamos desde hace tiempo. También es necesario situar claros criterios de calidad en la actividad de estos servicios de prevención externos. Es necesario también que los gobiernos español y el catalán desarrollen planes de choque contra la siniestralidad, ampliando los recursos de la Inspección de Trabajo y de los órganos técnicos, como el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Instituto Catalán de Seguridad y Salud Laboral, para hacer efectivas sus competencias en la vigilancia y control de los incumplimientos empresariales.
Por último, para una mejora de la salud de las personas trabajadoras es esencial, tal y como reclamamos CCOO de Catalunya, es necesario reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, sin reducción de salario y con medidas para un control eficiente del registro horario y el derecho a la desconexión digital.