El sindicato alerta de que la reducción contradice el incremento presupuestario del 50% acordado por el Gobierno y mantiene una brecha salarial de hasta el 26% con servicios comparables
La nueva licitación del Programa de Justicia Restaurativa reduce en 623.775 euros el valor estimado del contrato respecto al borrador inicial, un 11,38% menos , según denuncia la sección sindical de CCOO de la Fundación AGI. El sindicato considera especialmente grave esta reducción porque contradice el incremento presupuestario del 50% acordado entre el Gobierno y los Comunes para consolidar el programa y ampliarlo al resto de Catalunya.
CCOO alerta, además, que la nueva licitación, publicada el 11 de agosto por el Departamento de Justicia y Calidad Democrática, no incorpora las previsiones de equiparación salarial que figuraban en el borrador inicial y mantiene una desigualdad retributiva que podría llegar hasta el 26% en el personal administrativo y al 18,95% en el personal técnico en el año 2027.
623.775 euros menos y un compromiso presupuestario que no se cumple
El valor estimado del contrato pasa de los 5,48 millones previstos en el borrador a los 4,86 millones de euros de la licitación definitiva. Según los documentos oficiales, esto supone también una diferencia de 370.489 euros para 2027 respecto a la cantidad que correspondería al incremento presupuestario acordado.
El Acuerdo de Presupuestos entre el Gobierno y los Comunes establecía un incremento del 50% del presupuesto del Programa de Justicia Restaurativa para consolidar el equipo incorporado en el plan piloto de Tarragona y avanzar en la ampliación del servicio en el resto de Cataluña.
Para CCOO, la puja definitiva no es coherente con este compromiso político y pone en riesgo la estabilidad de los equipos y el desarrollo del programa.
Hasta un 26% de brecha salarial
La reducción presupuestaria se suma a una desigualdad salarial que el sindicato denuncia desde hace años entre los profesionales del Programa de Justicia Restaurativa y los de otros servicios propios, o incluso externalizados, del Departamento de Justicia, como el Programa de Medidas Penales Alternativas (MPA).
Actualmente, la diferencia salarial es aproximadamente del 20% en el personal administrativo y del 13,28% en el personal técnico . Si se mantienen las condiciones de la nueva licitación, esta desigualdad podría llegar en 2027 al 26% en el personal administrativo y al 18,95% en el personal técnico.
CCOO considera difícilmente justificable que profesionales que desarrollen funciones equiparables para un mismo Departamento puedan tener diferencias salariales de esta magnitud.
El borrador de la puja preveía avanzar en la equiparación mediante un nuevo salario base para el personal técnico, pero esta previsión ha desaparecido de la puja definitiva. El sindicato considera que esto contradice los recientes anuncios del Govern sobre la extensión de la equiparación salarial a los profesionales del tercer sector social.
CCOO también ha detectado en los pliegos un error en la clasificación profesional: el presupuesto del personal administrativo se calcula tomando como referencia el grupo 3.2, en lugar del grupo 3.1. que, según el sindicato, le corresponde.
Menos recursos, mayores dificultades para retener profesionales
El Programa de Justicia Restaurativa tiene más de 25 años de trayectoria en Cataluña y ofrece dentro de la jurisdicción penal una respuesta especializada orientada a la reparación del daño. CCOO alerta de que unas condiciones económicas y salariales menos competitivas pueden dificultar la captación y retención de profesionales especializados , aumentar la rotación y provocar la pérdida de conocimiento y experiencia, con un posible impacto sobre la calidad y continuidad del servicio.
Ante esta situación, la Sección Sindical de CCOO de la Fundación AGI ha trasladado sus preocupaciones a la Síndica de Agravios de Cataluña ya los miembros de la Comisión de Justicia del Parlamento de Cataluña, a los que ha pedido que valoren la suficiencia de la dotación económica y las condiciones de la licitación.
CCOO reclama al Departamento de Justicia y Calidad Democrática que revise la dotación económica del contrato, cumpla los compromisos presupuestarios adquiridos e incorpore medidas efectivas de equiparación salarial.
Para el sindicato, garantizar la calidad de un servicio público especializado como la Justicia Restaurativa exige recursos suficientes, estabilidad de los equipos y unas condiciones laborales justas e igualitarias.
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