El documento está confeccionado, en su mayor parte, con las reivindicaciones planteadas por CCOO. Recoge una subida salarial global del 11,4% para el período 2025-2028 e incluye reivindicaciones históricas, como la implantación de un modelo alternativo a la tasa de reposición en las ofertas de empleo público.
El Área Pública de CCOO ha firmado, este viernes, el Acuerdo para la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, que recoge una subida salarial global del 11,4% (contando con el efecto deslizamiento en las tablas salariales) para el período 2025-2028, así como reivindicaciones históricas, como reivindicaciones históricas, de empleo público. Se rubrica este acuerdo con la vista puesta en la mejora de las condiciones laborales de casi 3,5 millones de personas que trabajan en el sector público, ya que el 90% de los avances introducidos han sido a propuesta de CCOO.
El incremento salarial pactado, que es consolidable íntegramente, se distribuye finalmente de la siguiente forma:
- 2025: 2,5%
- 2026: 1,5% (con cláusula de revisión: si el IPC supera esta cifra, se abonará un 0,5 % adicional en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos en enero de 2026)
- 2027: 5% (4,5% en caso de que se active la cláusula de revisión descrita anteriormente)
- 2028: 2%
De esta forma, la distribución del incremento salarial supone recuperación del poder adquisitivo en los cuatro años del acuerdo, ya que la previsión de subida del IPC en este periodo, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), es del 8,5 por ciento, por lo que el 11,4 por ciento supone un 2,9 por ciento más.
CCOO ha realizado un importante esfuerzo en la negociación. Esta presión en la mesa, unida a las movilizaciones que ha liderado desde hace meses en las calles (con una concentración en solitario el 8 de abril, otra el 8 de julio en unidad de acción con UGT y, posteriormente, una más el 30 de octubre, a la que se sumó CSIF), se ha materializado en la cesión del Gobierno, que no preveía 2025 y 2026 en términos globales.
Además, se han logrado reivindicaciones históricas de CCOO, como la implantación de un modelo alternativo a la tasa de reposición en las ofertas de empleo público, que permitirá convocar las plazas necesarias sin la limitación de esta tasa, la reducción de plazos y trámites para presentarse y su convocatoria anual. Se ha pactado asimismo un modelo diferenciado para la promoción interna, que incluye itinerarios de carrera más ágiles y una formación homologada.
El documento incluye también como logros la subida al alza de complementos de residencia e insularidad e indemnización por razón de servicio, así como la actualización de retribuciones del personal de Servicio Exterior. Recoge asimismo la revisión de clases pasivas, abordar la brecha de género y el mutualismo.
También se ha acordado reforzar los servicios directos a la ciudadanía a través de atención presencial y digital, medidas relativas a la igualdad y no discriminación, la actualización de los planes de prevención de riesgos laborales, mejoras en el régimen de permisos remunerados, medidas sobre responsabilidad social a través de políticas sostenibles en los ámbitos social, económico y ambiental, formación en competencias digitales e inteligentes.
El acuerdo obliga a la creación, en un plazo de 15 días, de una comisión de seguimiento con grupos de trabajo específicos para avanzar también en medidas de materias como igualdad, digitalización e IA, salud laboral y empleo público, y contiene una garantía de cumplimiento que vele por el necesario impulso normativo y organizativo por parte del Gobierno para su materialización.
Después de haber acordado la firma en nuestros órganos de decisión y con el objetivo de garantizar un acuerdo sólido y útil para el conjunto del personal empleado público, hemos decidido avanzar adquiriendo el compromiso determinante del Gobierno que permitirá desbloquear varios elementos pendientes del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI. En esta negociación se ha logrado que asuma, formalmente, la activación de cuestiones esenciales: la jornada de 35 horas, con el compromiso de presentar una propuesta para su implantación en la AGE —de aplicación directa a la Administración local y como referencia para el resto de territorios y sectores públicos—; el teletrabajo; la jubilación parcial anticipada, incluida la recuperación de la correspondiente al personal laboral; la clasificación profesional, con el compromiso de impulsar desde la AGE la creación del Grupo B, y la elaboración de una resolución que facilite el desbloqueo definitivo del resto de materias vinculadas.