El sindicato reclama que la situación no ponga en peligro el derecho efectivo a la renta garantizada de ciudadanía
Desde CCOO de Catalunya, y ante la carta que el departamento ha enviado a 8.500 personas vulnerables reclamándoles el retorno de diversas ayudas que la Administración considera que les abonó indebidamente, queremos expresar nuestra preocupación por el impacto, tan económico como emocional, y en términos de salud mental, que esa reclamación supondrá para las personas afectadas. Las personas afectadas, por término medio, se enfrentan a deudas de unos 7.500 euros, y en la mayor parte de los casos se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad. Consideramos imprescindible que el Govern revise los expedientes y establezca un mecanismo monitorizado para encontrar soluciones que no lesionen más la situación de vulnerabilidad en la que ya están la mayoría de ellas.
Queremos señalar que hemos estado denunciando durante años la situación que ha conducido a este desbarajuste administrativo, y que las soluciones que de momento se han querido poner desde los diferentes gobiernos no han sido sino parches. Un claro ejemplo de ello es la denuncia que transmitimos al último informe sobre la renta garantizada de ciudadanía (RGC) que publicamos el pasado diciembre de 2023: “La renta garantizada de ciudadanía ante un futuro de incertidumbres”, en el que ya insistimos en la necesidad de facilitar la tramitación, armonizar criterios, etc. Durante la elaboración del informe también pudimos recoger testimonios de las personas a las que habían reclamado pagos indebidos y captamos cómo esta situación les afectó a la salud mental, con lo que esto supone en situaciones de especial vulnerabilidad.
Por esta razón, reclamamos a la consejera actual Mònica Martínez Bravo la creación de una comisión específica con la participación de los principales agentes económicos y sociales para acordar las medidas adecuadas. Medidas que pasan por un incremento de los recursos destinados a la tramitación de las prestaciones, la creación de una ventanilla única y la mejora de los sistemas de gestión de la información para hacer más sencillo y eficiente el proceso de solicitud de ayudas públicas. Es necesario que este diseño evite duplicidades, y que no queden ayudas sin adjudicar a personas que tendrían derecho.
La asunción del ingreso mínimo vital (IMV) es una oportunidad para el Gobierno para llegar a las personas que no han podido gozar del derecho a la RGC, a la vez que se conectan bases de datos y se automatizan procesos para evitar errores.
Por último, también queremos insistir en la importancia de un derecho como la RGC, que ahora reciben 151.892 personas, y que es clave para construir una Cataluña más justa e igualitaria. No olvidemos que en Cataluña un 24,4% de la población se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Es necesario, por tanto, abordar con profundidad un reto social que afecta a casi dos millones de personas y en el que la Administración debe estar a la altura.