La situación de irregularidad administrativa de una parte de la población extranjera en España es una disfunción clásica de nuestro sistema que provoca, sobre todo, graves perjuicios a las propias personas afectadas. Esta realidad las aboca a situaciones de exclusión social, sobreexplotación laboral y clandestinidad.
El acuerdo político anunciado hoy para facilitar una regularización, a la espera de conocer el texto que emane del Consejo de Ministros mañana, es una buena noticia. Va en la línea de no dejar a nadie atrás y de incorporar una visión humana, realista y responsable a la gestión de las migraciones.
En un contexto de crecimiento económico y de expansión del empleo, la aportación de la inmigración es innegable. Regularizar la situación administrativa de personas que ya están trabajando en España, muchas de ellas en condiciones indignas, supone no sólo reconocer sus derechos y favorecer su inclusión social, sino facilitar las correspondientes aportaciones en términos fiscales y de Seguridad Social.
Reconocer la necesidad de un proceso extraordinario de regularización es un ejercicio de responsabilidad política y de realismo social frente a los discursos que presentan la migración como un peligro y justifican respuestas excluyentes y discriminatorias sobre una realidad social, económica y demográfica plenamente normalizada en nuestro país.
Desde Comisiones Obreras consideramos imprescindible que este proceso vaya acompañado delagilización de los procedimientos administrativos y del refuerzo de los recursos humanos y materiales, para evitar el colapso de unas oficinas de extranjería ya saturadas y garantizar que la regularización sea efectiva.