Michela Albarello, directora de la Fundación Paz y Solidaridad de CCOO de Cataluña y presidenta de la Mesa Catalana por Colombia, formará parte de la delegación formada por representantes de organizaciones de la sociedad civil y de instituciones catalanas, que a partir de mañana visitará Buenaventura, Colombia, para supervisar sobre el terreno la actuación de la empresa catalana TCB, acusada de generar graves impactos sociales y ambientales en este territorio. En el comunicado de prensa adjunto tiene todos los detalles de esta visita.
Comunicado de prensa de Lafede.cat y la Mesa Catalana por Colombia
Una delegación catalana visitará Buenaventura, Colombia, para supervisar sobre el terreno
la actuación de la empresa catalana TCB acusada de graves impactos sociales y ambientales
Barcelona, 26 de abril.- Del 27 de abril al 2 de mayo una delegación catalana formada por representantes de organizaciones de la sociedad civil y de instituciones catalanas visitará Buenaventura, ciudad portuaria de la costa del Pacífico colombiano que supera a todos los índices del país en violencia y vulneraciones de derechos humanos. La delegación ha sido invitada a la Audiencia pública "Víctimas del desarrollo y estado de cosas inconstitucionales", que convoca la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República de Colombia y diferentes organizaciones sociales de Buenaventura. Varios actores colombianos acusan a la filial de la empresa Grup TCB de estar implicada en la vulneración de los derechos humanos en la ciudad. Recientemente, la empresa ha estado vinculada a un escándalo de pagos de sobornos en Guatemala.
La Mesa Catalana por Colombia i Lafede.cat han investigado las denuncias presentadas por organizaciones colombianas contra el Grupo TCB -Terminales de Contenedores de Barcelona. En junio de 2015, Lafede.cat y la Mesa Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia llevaron a Cataluña una delegación colombiana y organizaron diferentes actividades para que los miembros de esta delegación explicaran los datos y denuncias contenidas en el Informe «Cerco a las comunidades. Los impactos de una empresa catalana, Grup TCB, en Buenaventura, Colombia». Representantes de la iglesia, la política y las comunidades afectadas de Buenaventura explicaron al Parlamento de Cataluña cómo los planes de desarrollo económico y urbanístico para la ciudad portuaria están generando situaciones de violencia, con la participación, directa o indirecta, de empresas catalanas. Todos los grupos parlamentarios expresaron su compromiso por hacer seguimiento de la situación. El viaje de la delegación catalana a Colombia se ha organizado coincidiendo con la convocatoria de una Audiencia pública del Senado de Colombia, bajo el título "Víctimas del desarrollo y estado de cosas inconstitucionales", que profundizará en la situación de la ciudad.
Organismos colombianos e internacionales llevan años denunciando la grave crisis humanitaria y de derechos humanos que sufre Buenaventura. La ciudad tiene una población aproximada de 400.000 personas, un 90% de las cuales son afrocolombianas y más del 80% viven en la pobreza. De 1990 a 2014 se cometieron 5.047 asesinatos; 548 desapariciones forzosas computadas por Fiscalía; 152.837 personas fueron víctimas del desplazamiento forzado; se contabilizaron 26 masacres con 201 personas asesinadas. La Red Nacional de Información (RNI) de la Unidad de Víctimas denuncia que 163.227 personas fueron víctimas de un amplio abanico de acciones de violencia.
Buenaventura es un enclave estratégico para las exportaciones del país, legales e ilegales, por lo que es un territorio en disputa constante de grupos armados ilegales. La privatización del puerto en los 90, y la posterior llegada de proyectos de expansión portuaria, facilitaron un crecimiento exponencial de la violencia, producida principalmente por grupos criminales y/o neoparamilitares. La Corte Constitucional de Colombia ha calificado la situación de Buenaventura como «un estado de cosas inconstitucional» en la sentencia T025 de 2004 y sin que a día de hoy se le haya puesto remedio.
No es el único caso en el que las inversiones de la empresa catalana TCB han sido motivo de preocupación. Su filial en Guatemala, Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), ha sido acusada recientemente de pagar 26 millones de euros en comisiones a cambio de un contrato público y su representante ha sido detenido. Los miembros de la delegación intentarán confirmar si otras empresas catalanas podrían tener intereses en Buenaventura, ya que fuentes colombianas apuntan a que Aigües de Barcelona habría comprado la empresa municipal Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura. La delegación presentará sus conclusiones a la vuelta, en rueda de prensa.
La delegación estará formada por la presidenta y vicepresidente de la Mesa Catalana por Colombia Michela Albarello y Tono Albareda – que son también, respectivamente, directora de la Fundación Pau y Solidaridad de CCOO de Cataluña y vicepresidente de Lafede.cat-, Tica Font, directora del Instituto Catalán Internacional por la Paz; Julián Artacho, representante en Colombia de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo; Gabriela Serra, parlamentaria de la Candidatura de Unidad Popular (CUP); Joan Maria Soler, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona; Josep Maria Fisa, representante del arzobispo de Barcelona y de Justícia i Pau y Amaia García, coordinadora de la Mesa Catalana por Colombia. Dos periodistas de eldiario.es y de la revista 5w harán seguimiento de la visita.
El 26 de junio de 2014, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó la creación de un Grupo de Trabajo Intergubernamental-GTI que trabajara un futuro Tratado Vinculante de Naciones Unidas sobre empresas transnacionales. Un acuerdo histórico votado por 20 países, pero impulsado desde abajo por más de 600 organizaciones y movimientos sociales de todo el planeta. La internacionalización de la economía catalana y los impactos de las empresas catalanas en el exterior es uno de los ejes centrales del trabajo de incidencia política de Lafede.cat. Con el análisis de la acción de TCB, Lafede.cat y la Mesa Catalana por Colombia se han sumado al trabajo de seguimiento de casos de vulneración de derechos humanos por parte de empresas transnacionales.