Impresiones derivadas del viaje realizado por representantes de la sociedad civil catalana y de la Mesa Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia (entre ellos CCOO de Catalunya), en Buenaventura, con el objetivo de realizar también un seguimiento de toda la situación de vulneración de derechos humanos que ya se denunció en junio de 2015 en una comparecencia en el parlamento catalán, con la presentación del informe “Asedio a las comunidades. Los impactos de una empresa catalana, grupo TCB, en Buenaventura, Colombia”.
¿De qué hablamos cuando hablamos de Buenaventura? Y, sobre todo, ¿por qué hablamos?
Hablamos de explotación, hablamos de violencia, hablamos de abusos y hablamos de injusticias. Pero también hablemos de la otra cara de la moneda, de lucha, de resistencia, de dignidad, de derechos y de justicia.
Hablamos de poder y de su máxima expresión paradigmática, la violencia. Pero a la vez hablamos de solidaridad, de responsabilidad compartida entre personas que sueñan con un mundo mejor y más justo, tanto en Barcelona como en el Pacífico colombiano.
Algunos datos de contexto para saber de qué hablamos:
– Buenaventura es un municipio que tiene una población aproximada de 400.000 personas (un 90% son afrocolombianas).
– Entre el 60% y el 80% de sus habitantes viven en la pobreza.
– Buenaventura es una ciudad portuaria en la que se están realizando unos megaproyectos (de ampliación de las instalaciones portuarias) en los que participa una empresa catalana.
– La población tiene sólo 3 horas de agua potable al día de media según datos de organizaciones sociales, a pesar de 6 acueductos funcionando y grandes reservas hídricas a su alcance. Y no tenemos ninguna duda de que las instalaciones portuarias reciben su suministro las 24 horas del día.
– La ciudad no dispone de un hospital público y la población se ve obligada a desplazarse unas 3 horas hasta Cali (capital del Departamento del Valle de Cauca) para ser atendida.
– Sólo el 60% de los niños/as pueden acceder al sistema educativo.
– Los niveles de corrupción política son muy elevados.
– Existe una ausencia total de inversiones del Estado, que había prometido un plan de choque de 400 millones de dólares (USA) que posteriormente declararon que sería de 80 hasta quedarse en nada a la hora de la verdad.
– El Registro Único de Víctimas de la Unidad de Víctimas del Gobierno colombiano para el municipio de Buenaventura (que incluye también áreas rurales) contabiliza a fecha de marzo de 2016 (desde 1985) un total de 192.898 víctimas producto de un amplio abanico de acciones violentas:
- Desplazamiento forzoso: 170.106 personas (53% son mujeres);
- 10.590 homicidios (el 45% fueron de mujeres) y
- 1.739 desapariciones forzosas (47% de mujeres).
– Las organizaciones de mujeres y NNUU señalan que Buenaventura es uno de los lugares en los que más feminicidios y violencia sexual se producen en Colombia. (El 50% de los casos de violencia sexual de todo el departamento del Valle del Cauca están registrados sólo en esa ciudad).
– Otras fuentes, como Medicina Legal, indican que entre 1990 y 2014 se cometieron 5.047 homicidios en Buenaventura, más del 70% a partir del año 2.000. Otra fuente de información como son las organizaciones de derechos humanos informaron durante la Audiencia Pública que tienen contabilizado 8.700 asesinatos y 2.100 desapariciones en los últimos 15 años, destacando que estos datos son inferiores a la realidad ya que muchas víctimas no son atreven a denunciar.
Sin embargo sin embargo la gente no se rinde y son ejemplos de estas luchas:
Las comunidades afrocolombianas reunidas en el Comité interorganizacional de Buenaventura que resisten reivindicando su tierra, sus derechos ancestrales, su vida.
Los trabajadores/as portuarios que se han organizado y luchan por sus derechos laborales, aunque ser sindicalistas implica convertirse automáticamente en guerrilleros y por tanto en objetivo del paramilitarismo o del ejército. Y no es algo menor ya que en Colombia en los últimos 50 años de conflicto armado, han muerto asesinados/as unos 3.000 sindicalistas (más de uno a la semana); más de un tercio eran maestros.
En este contexto de conflicto, desde el 17 al 25 de abril de este año, una delegación de la sociedad civil catalana se ha desplazado a Buenaventura. Allí ha sido invitada a asistir a una audiencia pública donde más de 500 personas testimoniaron, escucharon, compartieron y denunciaron la situación, definida (sin exageración alguna), de catástrofe humanitaria.
Ante la comisión de derechos humanos del Senado colombiano (representada por su presidenta y por el senador promotor de esta iniciativa) hombres y mujeres afectados por la situación de violencia han utilizado las palabras para romper el silencio que mata, para limpiar la miedo que paraliza, por rendir justicia a las víctimas de un conflicto que no es sólo armado sino la expresión directa de la violencia legal.
Un ejemplo explicado allí mismo fue de unas madres de 12 jóvenes entre 17 y 23 años, que fueron vilmente engañados, torturados y asesinados por los paramilitares que les habían prometido 200 mil pesos de recompensa al equipo de fútbol que hubiera ganado un partido de fútbol que querían organizar. Las madres pudieron encontrar un espacio para el reconocimiento en la memoria de sus hijos. Fue un momento especial para cerrar heridas (si es que nunca es posible cerrar heridas como ésta) y para reclamar y exigir justicia. Será difícil olvidar el momento en que estas mujeres destrozadas desfilaban para recibir un ramo de flores y una tarjeta conmemorativa por los hechos, volviendo a vivir el dolor de una muerte injusta, inexplicable e impune (desde 2005). Su mirada hablaba de la imposibilidad de entender y asimilar el porqué de esas vidas rotas, de esas vidas terminadas.
Tampoco es fácil olvidar las palabras de un trabajador, de físico imponente y ya no demasiado joven, de la empresa TCBuen, que echó a llorar en medio de una reunión mantenida durante el viaje mientras explicaba las condiciones laborales que sufría. No podía hablar, sólo se distinguía del sonido de su voz, mejor un lamento: "no quiero ser un esclavo de mi empresa".
En medio de este escenario y dando continuidad a un trabajo comenzado hace más de un año, desde la Mesa Catalana por Colombia, se ha querido denunciar las actuaciones de una empresa líder en logística portuaria que tiene sede en Barcelona, la TCB. Ésta y otros se han instalado en Buenaventura, aprovechándose de esta situación de violencia.
Todo se sacrifica en nombre del capital, de los beneficios, de los “megaproyectos” que se planifican y ejecutan sin la participación de la ciudadanía, sin respetar el medio ambiente, sin respetar el derecho al agua, a la vivienda, al trabajo digno, en la vida.
Como dijo una líder afrocolombiana en la audiencia pública: “Somos víctimas del capitalismo que no entiende que pueden haber otras formas de vida”.
Los megaproyectos ponen en evidencia las prioridades privadas y públicas, que coinciden en la defensa de los intereses del capital contra los intereses de la gente, de los trabajadores y trabajadoras. La explotación de los recursos naturales, la apropiación indebida de tierras, el ecocidio, el desarraigo de la población y las malas condiciones de trabajo son el precio considerado natural e integrado dentro de esa lógica agresiva.
No es casual la ausencia del estado, la actuación asesina de fuerzas armadas ilegales, todo ello al servicio de una estrategia capitalista depredadora y que busca la ganancia a cualquier coste.
Por eso cuando hablamos de Buenaventura hablamos del paradigma de la lucha contra la explotación llevada a su extremo. Hablamos de un conflicto étnico, de clase y ambiental.
No es casualidad que los puntos negros de las violaciones de los derechos humanos más graves coincidan geográficamente con la realización e implementación de los megaproyectos. No ocurre sólo en Buenaventura, ya que es, sin duda, una estrategia global que ha causado y sigue causando demasiadas víctimas en todo el mundo.
La solidaridad internacional es fundamental, como herramienta de ida y vuelta desde su planteamiento horizontal de ayuda mutua, para promover y garantizar el esclarecimiento de la verdad y el restablecimiento de la justicia. Con la reparación a las víctimas, debe garantizarse un cambio de modelo productivo que asegure la no repetición de los hechos.
Michela Albarelo
Directora de la Fundación Pau y Solidaridad de CCOO de Catalunya
artículo "Viaje a Buenaventura, puerto del pacífico colombiano' se ha publicado originariamente en el blog 'Mujeres de CCOO de Catalunya'