Desde Acció Jove y CCOO de Catalunya valoramos los dos años de implementación del bono social joven

Hace dos años, frente a la crisis residencial y de emancipación que sufrimos las personas jóvenes de nuestro país, desde el Gobierno del Estado se aprobó la medida de impulsar un bono social de alquiler. Desde CCOO de Catalunya y Acció Jove analizamos entonces esta medida en tanto que paliativa, a la vez que insuficiente y regresiva, ya que sin un control estricto de los precios del alquiler se dejaba a la voluntad de manos privadas los precios finales del alquiler. Temíamos que la excusa de su existencia implicara un abuso unilateral por parte de los propietarios y fondos buitres, e incluso un incremento del precio del alquiler de habitaciones para las personas jóvenes.

Durante estos dos años, hemos podido constatar, además, problemas en la implementación del bono joven en muchas comunidades autónomas. Desde el conjunto de CCOO en todo el Estado hemos reclamado la agilización del pago del bono de alquiler joven que a territorios como Aragón, Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña iba con casi ocho meses de retraso. Más allá de esta situación, la información y la transparencia sobre los procedimientos para solicitar este tipo de ayudas, así como los compromisos y deberes que implica, ha sido muy poco concreta. En el último mes, con el inicio de la campaña de la renta 2023, se ha suscitado una creciente preocupación entre los jóvenes que solicitaron la ayuda al alquiler durante el último año, que han manifestado su desconcierto ante las consecuencias fiscales que este bono conlleva a la hora de realizar la declaración de la renta.

La inquietud ha sido expresada a través de diversas plataformas, en las que destacan las redes sociales. Alertan de la paradoja de tener que hacer frente a una alta carga impositiva por una ayuda destinada a paliar las dificultades económicas de las personas arrendatarias. Esta preocupación no sólo refleja la dificultad financiera inmediata de los jóvenes, sino que también pone de manifiesto la carencia de transparencia e información adecuada sobre los procedimientos fiscales asociados a las ayudas al alquiler.

La juventud trabajadora sufre condiciones laborales precarias que dificultan su estabilidad económica y tiene limitado el acceso a una vivienda digna por los altos precios del alquiler, fruto de la especulación inmobiliaria. Las trabas que las personas jóvenes se han encontrado para poder acceder a una ayuda económica no han hecho más que agravar esta situación. Así, esta carga impositiva adicional genera desmotivación a la hora de solicitar ayudas económicas y contribuye a reforzar los discursos antiimpuestos e individualistas que surgen en esa franja de la población gracias a las campañas populistas neoliberales de la derecha y la ultraderecha.

Asimismo, se evidencia la necesidad de una revisión del sistema de ayudas al alquiler con un enfoque más inclusivo y que tenga en cuenta las circunstancias específicas de las personas solicitantes. Como denunciábamos hace un par de años, medidas como el bono social joven o las ayudas a la compra de vivienda para menores de 30 años son insuficientes, ya que no van a la raíz del problema: actualmente, en el Estado español la vivienda no está garantizada como un derecho, sino que es un bien de mercado. Hacen falta medidas estructurales para solucionar la actual crisis residencial que sufrimos como sociedad: es necesario regular de forma ambiciosa los precios del alquiler, penalizar las viviendas vacías, limitar y controlar las licencias para hacer pisos turísticos en ciudades tensadas como Barcelona y, sobre todo, aumentar la oferta de vivienda pública. Hacer frente a la crisis de emancipación juvenil desde este prisma también beneficia al conjunto de la sociedad y, sobre todo, a otros sectores vulnerables de la población, como es el caso de las mujeres o la población migrante.

Asimismo, destacamos la importancia de ofrecer un apoyo adecuado y un acompañamiento para las personas beneficiarias de estas ayudas con el objetivo de prevenir sorpresas desagradables como las que se han vivido en este caso. La falta de conocimiento sobre los procedimientos fiscales y la variabilidad en las circunstancias laborales de las personas solicitantes ponen de manifiesto la necesidad de una mejor orientación y asistencia por parte de las autoridades competentes.

En conclusión, desde CCOO de Catalunya y Acció Jove, entendemos que para solucionar la actual crisis de emancipación juvenil es imprescindible:

  • Abordar la problemática de la emancipación juvenil de forma integral, involucrando al conjunto de las instituciones públicas, tanto estatales como autonómicas y municipales, desde una perspectiva universal.
  • Tener compromiso por un pacto nacional de la juventud que aborde las problemáticas estructurales que nos imposibilitan emanciparnos.
  • Afrontar la actual crisis residencial mediante medidas ambiciosas y universales, como la regulación de los precios del alquiler, la penalización de los pisos vacíos, la limitación de pisos turísticos y el aumento del parque público de vivienda en alquiler social, imposibilitando que éste último acabe en la compra.
  • Reforzar los servicios de orientación y asesoramiento destinados a la juventud, para que sean una medida de acompañamiento para aquellas personas que necesitan acceder al sistema de ayudas actual. Es necesaria la formación tanto en derechos laborales como en fiscalidad para evitar sorpresas desagradables en el mundo laboral.
  • Reforzar los servicios públicos y revertir los recortes del último ciclo político. Los discursos neoliberales y ultraindividualistas que cuestionan los consensos sociales en torno al estado del bienestar se fundamentan en las carencias actuales de los servicios públicos, fruto de una década de recortes e infrafinanciación. Más allá de la educación y la pedagogía en materia fiscal, la mejor medicina contra el discurso antiimpuestos es fortalecer al sector público en todos los ámbitos.