De media en el país, cada semana uno o una sindicalista pierde la vida
Ayer, 14 de junio de 2018, en Colombia, recibieron amenazas de muerte a Edgar Mojica, director del Departamento de Derechos Humanos y Solidaridad de la Central Unitaria de Trabajadoras (CUT) de Colombia; Fernando Otáloro y Diego Escogar, de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (ASONAL); Yelbi Ramírez, Walter Agredo, Carlos Vargas, Hernán Arcienegas, miembros de la CUT Valle del Cauca, y Germán Marín y Fernando Pérez de CUT Antioquia y del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL, adherido a la CUT), así como Enrique Guetio, ex gobernador indígena y miembro de Mesa Paro Cívico Buenaventura y del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Empleados Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL, adherido a la CUT) y Adelina Vásquez, líder del movimiento social. Todos ellos fueron víctimas de amenazas de muerte vía telefónica, hechas por grupos de autodefensa Gaitanistas de Colombia, por haber mostrado su apoyo al proceso de paz colombiano.
Este nuevo caso sigue la línea de violencia antisindical que el pasado mes de mayo puso fin a la vida de tres líderes sindicales: Cristian Andrés Lozano, Luis Eduardo Domínguez y Gilberto Espinosa, trabajadores de la empresa Nesté de Colombia y miembros del SINALTRAINAL, asesinados en los municipios de Andalucía y Bugalagrande (Valle del Cauca).
Las amenazas y asesinatos plasman la violencia antisindical existente en Colombia. De media en el país, cada semana uno o una sindicalista pierde su vida por promover la defensa de los derechos humanos laborales, por exigir el cumplimiento y garantía de la libertad sindical, de la libre sindicación, del derecho a organizarse los trabajadores y trabajadoras por denunciar la explotación laboral y el abuso continuado, por ser víctimas de abusos físicos y sexuales por no quererse doblegar ante un sistema que prima los intereses económicos en detrimento de los derechos fundamentales. Así lo establece la CSI, en su informe anual sobre el Índice de derechos humanos (2018), donde denuncia que Colombia sigue siendo uno de los diez países más peligrosos del mundo donde ser sindicalista o trabajador.
CCOO Catalunya y la Fundación Pau i Solidaritat condenan el asesinato y las amenazas contra los líderes fruto de la violencia antisindical que opera en el país y exigen al Gobierno de Colombia ya las autoridades competentes investigar los hechos, así como garantizar la seguridad de los sindicalistas en ejercicio de sus derechos y libertades. Ni la estigmatización, ni la coacción, ni las amenazas ni el acoso por defender los derechos de la clase de trabajadora pueden ser permitidos ni aceptados.
Oficina de Prensa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 15 de junio de 2018