Ante la implementación del Pacto europeo de migración y asilo, CCOO de Catalunya manifiesta su rechazo a la renuncia de los valores fundacionales de Europa por abarcar una agenda centrada en la política de las deportaciones y que abandona la defensa de los derechos humanos.
El sindicato denuncia que el nuevo marco común prioriza la vigilancia policial y las deportaciones masivas, relegando los derechos humanos, el deber de acogida y las políticas públicas de integración e inclusión laboral. Este cambio se alinea con los postulados de la extrema derecha y normaliza prácticas propias de un estado policial, con la complicidad de las fuerzas conservadoras de la Eurocámara.
Entre los elementos regresivos más preocupantes destaca la ficción jurídica de no entrada durante la fase de identificación. Bajo esta premisa, se considera que todo el mundo que llega de forma irregular no ha accedido materialmente al territorio comunitario, lo que ampara un régimen de detención y privación de libertad en fronterizas que se aplicará incluso a unidades familiares con menores de edad, vulnerando el principio de interés superior del menor.
Asimismo, se reducen los plazos de tramitación y resolución de los expedientes, fijando un máximo de doce semanas para el procedimiento de frontera, seis meses por el proceso ordinario y de tres meses en la vía acelerada. Si la administración no dispone de los medios humanos y técnicos necesarios, se impedirá una evaluación individualizada y rigurosa que coloca al solicitante de asilo en una posición de grave vulnerabilidad.
El Pacto elimina la suspensión de la vuelta al país de origen cuando se recurre una solicitud denegada. Esto sitúa a las personas bajo un riesgo inminente de volver a países potencialmente inseguros donde su vida puede correr peligro, contraviniendo la normativa europea de derechos humanos.
En paralelo, el nuevo Reglamento de Retorno criminaliza la irregularidad administrativa, ya que favorece el internamiento en centros de detención, que podrán ser situados en terceros países fuera de la jurisdicción de la UE, externalizando una gestión fuera del control de las organizaciones humanitarias y donde el acceso a la asistencia jurídica gratuita es casi.
El Pacto tampoco ha diseñado políticas efectivas que luchen contra la explotación laboral que las personas migrantes viven a raíz de su situación administrativa. Esta carencia de voluntad política para defender los derechos laborales de la clase trabajadora extranjera demuestra el carácter reaccionario de la nueva normativa en vigor.
Frente a este contexto, es necesario que el Estado español, dentro de su ámbito material de aplicación del Pacto, garantice los derechos humanos de todas las personas migrantes que llegan a nuestro territorio en busca de refugio. En este sentido, desde CCOO de Catalunya instamos a las autoridades a que refuercen los mecanismos de protección, que aseguren el control de los procedimientos de retorno y que generen rutas de migración legales y seguras hacia Europa. Cabe recordar que el derecho de asilo es uno de los pilares fundacionales de la comunidad internacional que plasma la Convención de Ginebra, y que la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo supone un auténtico peligro que ataca el principio de solidaridad que durante décadas ha definido la Unión Europea.
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