La propuesta del Gobierno central, y el actual debate parlamentario, demuestran que no hay ningún indicio de un cambio en profundidad en las leyes regresivas que impuso el Partido Popular en 2001 y 2003. A excepción de la introducción en la ley del contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional pronunciada a finales de 2007, donde se dice que 8 artículos de la ley son inconstitucionales, en la ley sigue dominando el espíritu discriminatorio. El PSOE, y sus aliados a la carta, tanto CiU como CC, no están por la tarea de hacer una nueva ley que elimine la discriminación, al contrario, en algunos aspectos consolidan una visión de ciudadanos de primera, segunda y tercera . Las enmiendas que están dispuestos a transaccionar no ponen en cuestión el espíritu malo y discriminatorio de la ley. Tenemos ejemplos muy claros:
1- La limitación del derecho a la reagrupación familiar por los ascendientes, para padres y madres. El derecho a vivir en familia es un derecho reconocido por la Constitución Española, por las convenciones internacionales y por la OIT, y queda limitado o imposible. Ningún político, de cualquier grupo, pone en duda que nuestros padres y madres forman parte del núcleo familiar, en cambio los ascendientes de las personas inmigradas parecen ser extraterrestres que han parido máquinas para utilizar y tirar. Es una vergüenza y una mancha negra en los valores democráticos lo que quieren enseñar a la inmigración: “renuncia a cuidar de tus padres y así serás un buen ciudadano integrado con una diploma”.
2- Un ciudadano que no ha cometido ningún delito no puede ser privado de su libertad, es el principio básico de un Estado de derecho. Las personas inmigradas que han cometido una infracción administrativa, son privados de la libertad 40 días, y ahora se incrementan a 60, en centros de internamiento. Carecer de papeles no es un delito, es una infracción administrativa. Además se ha demostrado, y lo confirman los propios sindicatos del cuerpo nacional de policía, que la poca eficacia en la expulsión de personas sin papeles no es por los días que están encerrados en un centro de internamiento, sino por la falta de medios económicos. Los cuerpos de policía no están para vigilar a personas que no han cometido ningún delito, sino por estar en la calle detrás de los que realmente son delincuentes. En economía, esto significa, desperdiciar recursos.
3- Un ciudadano puede dirigirse a la Administración para presentar cualquier solicitud, la Administración tiene la obligación de admitir esta solicitud y la Administración competente debe responder positiva o negativamente. Esto forma parte de la Ley del procedimiento administrativo. En cambio, las personas inmigradas están al margen de esta ley, con el invento por parte del PP, de una filosofía jurídica oscurantista de "no admisión a trámite". No todos los ciudadanos son iguales ante la ley y la administración.
Son tres ejemplos que demuestran que la ley discrimina, y son entre otros la demostración de si realmente avanzamos en la igualdad o volvemos hacia atrás. Aquí ponemos en contradicción derechos legítimos como el de aprender la lengua del país, o el derecho nacional de tener más autogobierno, con derechos fundamentales, como el derecho de vivir en familia, el derecho a la igualdad de trato, o el de no sufrir discriminación de ningún tipo. Es un llamamiento que hacemos desde CCOO de Catalunya a todos los partidos catalanes, sobre todo a los partidos firmantes del Pacto Nacional para la Inmigración, donde estamos de acuerdo en la necesidad de más competencias para llevar a cabo más políticas integradoras, para que voten en contra los recortes de derechos.