Los datos del IPC de octubre no muestran grandes cambios respecto a los del mes pasado, con un mantenimiento de los índices interanuales tanto para Cataluña como para el conjunto del Estado. Este comportamiento responde al efecto base, que es un efecto estadístico fruto de que la variación interanual se calcula tomando como referencia el mismo período del año pasado, donde hubo una reducción del índice general entre septiembre y octubre de 1,6 puntos. Por ello, a pesar de reducirse en este último mes la inflación general, al ser este descenso inferior al del año pasado, el resultado es de estabilidad. Por otra parte, cabe destacar la reducción de 6 décimas hasta el 5,2% de la inflación subyacente, considerado como un indicador más sólido y menos volátil que el índice genera, aunque todavía se sitúa en niveles bastante elevados que es necesario reducir. Por último, hay que alertar de que, por primera vez desde el verano de 2022, el IPC armonizado estatal se sitúa por encima del mismo índice para el conjunto de países de la zona euro cuando, a lo largo de este último período inflacionario, comportamiento había sido lo contrario. Habrá que ir siguiendo esta circunstancia, que podría tener consecuencias peligrosas para la competitividad de nuestro tejido productivo.
En Cataluña el IPC interanual se sitúa en el 3,4%, exactamente el mismo nivel que el pasado mes y 1 décima por debajo del índice estatal (3,5%). Cuando desagregamos los precios de la cesta de la compra encontramos que es la vivienda el elemento que más presiona al alza y, en cambio, el transporte y los alimentos y bebidas no alcohólicas tiran hacia abajo el índice, alcanzando una compensación final en la que el índice general se mantiene invariable respecto al mes pasado.
A escala del Estado, el IPC interanual se sitúa en el 3,5 %, también en el mismo nivel que el mes anterior. En este caso, se reproduce el mismo comportamiento de los precios que hemos descrito por Cataluña, siendo la vivienda el grupo de producto que más presiona al alza, fruto sobre todo del gasto energético vinculado a la vivienda.
La inflación subyacente, que es aquella que no tiene en cuenta ni los alimentos no elaborados ni el precio de los carburantes y que, por tanto, captura con mayor fiabilidad el estado real de la economía, aislando el comportamiento más volátil del precio del petróleo, se sitúa en el 5,2%, 6 décimas por debajo del mismo índice del mes pasado (5,8%). Por tanto, la tendencia de este indicador es decreciente, y esto es positivo, pero todavía se plantean retos importantes para reducir estos niveles tan elevados.
La tasa de variación anual del ICPH (índice de precios de consumo armonizado), que mide la evolución de los precios siguiendo la misma metodología para todos los países de la zona euro, a fin de facilitar la comparación entre países que comparten una misma política monetaria, en el caso español se sitúa en el 3,5 % , 2 décimas por sobra del mes anterior (3,3 %) y 6 décimas por encima del índice para el conjunto de países de la zona euro (2,9 %). Este indicador para la eurozona registra una importante variación negativa de -1,4 puntos porcentuales respecto al pasado mes de septiembre (4,3 %) y da como resultado que, por primera vez desde el pasado verano, el indicador armonizado de la eurozona quede por debajo del indicador por España. Ésta no es una buena noticia y habrá que hacer un seguimiento de la evolución de estos dos índices.
CCOO considera que:
- Cuando incluso la patronal apela a un incremento de los salarios, como hizo en rueda de prensa el pasado día 8, parece que el consenso es amplio sobre la prioridad que supone en términos socioeconómicos incrementar la cohesión social y la renta disponible de los hogares. Cuando el 16,5% de las personas trabajadoras vive en riesgo de exclusión social, la mejora de las rentas del trabajo no sólo es el fundamento de una demanda estable y diversificada, sino también de una paz social que permita empezar grandes proyectos de sociedad como los que quedan pendientes en el ámbito de la transición ecológica y digital. Recuperar y dotar de contenido al Acuerdo interprofesional de Catalunya (AIC) es la mejor vía para garantizar que este consenso se traslade a la negociación de los convenios colectivos.
- En la ponderación de los distintos elementos que gravan la renta disponible de los hogares trabajadores pesa muy especialmente el precio que éstos deben dedicar a la vivienda, ya sea de alquiler o de compra. El incremento continuado a lo largo de los últimos años de los primeros, y la inmensa carga que supone para los hogares con hipotecas el incremento de los intereses que deben pagar los propietarios y propietarias, suponen un lastre estructural. La gentrificación y el incremento en la movilidad geográfica laboral con personas que no pueden pagarse una vivienda en el sitio que trabajan reclama políticas públicas como la ampliación del parque de vivienda protegida o la limitación efectiva de la especulación inmobiliaria.
- El factor que ha aportado mayor estabilidad a los ingresos del estado del bienestar, pero también a la demanda agregada, ha sido la mejora de la calidad y del volumen del empleo que ha facilitado la reforma laboral. Sin embargo hay todavía demasiadas personas que no ven garantizado su derecho a una ocupación digna, muy especialmente aquellas que tienen más de 45 años. Hoy tres de cada cuatro personas que permanecen en paro desde hace más de un año pertenecen a este colectivo. Hacer frente al edadismo de las empresas, valorando el criterio, la experiencia y la capacidad que aportan estos trabajadores y trabajadoras se convierte en una verdadera prioridad.
- El desencaje entre vacantes y demandas de empleo tiene que ver con la falta de calificación acreditada por parte de muchas personas trabajadoras y que a escala del Estado afecta a cerca del 50%. Sin embargo el buen funcionamiento de muchos sectores se basa en competencias que deben ser acreditadas y reconocidas, y que deben completarse en planes de formación y calificación individualizados que hagan realidad el derecho a la formación a lo largo de la vida ya la promoción profesional de las personas trabajadoras. Alcanzar este objetivo pasa por sensibilizar y garantizar el derecho en el acceso a los permisos de formación establecidos legalmente.
Escucha aquí la valoración de Ricard Bellera, Secretario de Trabajo y Economía