Manifiesto del 32º Día Mundial de las Personas Mayores

El día 1 de octubre de 2022 se conmemora la 32ª celebración del Día Internacional de las Personas Mayores, designado por la Asamblea General de la ONU en su resolución 45/106. Para CCOO no es sólo un día de celebración, sino también de reivindicaciones y propuestas que den solución a los retos con los que nos enfrentamos los colectivos de personas mayores.

Con datos del INE el 1 de enero de 2022, en Cataluña, con una de población de 7.679.410 de habitantes, las personas de 65 y más años son el 19,6 % . Asimismo en todo el Estado, con una población de 47.432.805 millones de habitantes, el 20,09 % son personas de 65 y más años.

La pandemia, que no ha terminado todavía, nos debe hacer reflexionar sobre la importancia que otorga la sociedad a la salud, la vivienda, las relaciones sociales, y, sobre todo a los cuidados, ya que son un elemento central para asegurar la calidad de vida de toda la población. Las personas mayores, consideradas como grupo de riesgo ante el virus, han sufrido y continúan sufriendo las consecuencias de la pandemia en todos estos ámbitos, consecuencia del mayor impacto del virus en su salud pero también de la falta de recursos que las administraciones públicas de todos los niveles destinan a las políticas públicas de salud, vivienda y dependencia.

La crisis sanitaria ha puesto el foco sobre las residencias, en los que se han infectado y fallecido un número muy elevado de personas mayores residentes y, en un elevado número de casos, sin recibir asistencia médica. La calidad de la atención de las personas mayores residentes y las condiciones laborales de las personas trabajadoras que las atienden han hecho saltar las alarmas sobre la necesidad de aumentar el control sobre las residencias para asegurar una mejor gestión, especialmente en momentos críticos. No hay que olvidar que el 70 % de las plazas residenciales son privadas. Es necesario analizar la gravedad de lo que ha ocurrido con la COVID-19 y movilizar a todas las administraciones públicas para cambiar el actual modelo de residencias, para evitar que no solo se busque el beneficio económico, sino fundamentalmente el bienestar de las personas usuarias.

Los sistemas públicos de salud, dependencia y servicios sociales son elementos esenciales para conseguir envejecer en condiciones saludables y con autonomía.

Ante los problemas que tiene nuestro colectivo, es de justicia que se tengan en cuenta nuestras propuestas en el desarrollo de las políticas públicas: una mayor dotación de recursos para la mejora del sistema de salud y dependencia, la financiación de las pensiones y el replanteamiento del sistema productivo y fiscal. Por eso reclamamos lo siguiente:                                                                                           

  1. Las políticas públicas en materia de promoción de la salud son imprescindibles para garantizar el envejecimiento activo, es imprescindible situar el gasto sanitario público en, al menos, el 7,2 % del PIB. La financiación debe asegurar el incremento del gasto en atención primaria hasta el 25 % del total para conseguir acercar a la población los servicios sanitarios.
  2. Las personas mayores preferimos envejecer en nuestra casa, pero uno de los principales problemas es la accesibilidad a nuestros propios hogares, porque en todo el Estado hay alrededor de 5 millones los edificios que no cuentan con ascensor, además de otras barreras arquitectónicas, por lo que unos 1,8 millones de personas no tienen la posibilidad de salir de su casa. También es necesario impulsar la atención domiciliaria a las personas dependientes, así como reforzar los centros de atención diurnos y nocturnos. Para articular el modelo residencial que queremos, es necesario tener protocolos de cómo se deben cuidar las personas usuarias de las residencias. Es imprescindible la vigilancia por las administraciones públicas competentes con el objetivo de garantizar que se cumplen las condiciones recogidas en la licencia de funcionamiento de las residencias.
  3. Se debe impulsar una ley integral de los derechos de las personas mayores. La presente ley debe garantizar la protección específica de las personas mayores y debe tocar los ámbitos de la salud, la vivienda, la protección social y económica, la protección jurídica, el acceso a la cultura y el ocio, la no discriminación por razón de edad o sexo, la visibilidad y la participación activa de las personas mayores en todos los ámbitos de la sociedad. En definitiva, una ley que proteja e impulse la idea del envejecimiento activo.
  4. La puesta en marcha del Plan de choque del sistema de dependencia 2021-2023, suscrito en enero de 2021 por CCOO, UGT, CEOE, CEPYME y el Ministerio de Derechos Sociales, incluía un compromiso de aumento de la financiación estatal en 3.600 millones de euros hasta 2023. Aunque se está cumpliendo el compromiso de financiación para asegurar la mejora de determinados indicadores de calidad del SAAD como la calidad del empleo de los profesionales que prestan los servicios, la reducción de la lista de espera, el reconocimiento prioritario de servicios profesionales frente a prestaciones económicas, etc., no estamos de acuerdo en que el Ministerio de Derechos Sociales no haya vinculado la condicionalidad de esta mejora de financiación. al aumento de la calidad del empleo, ni tampoco que el Acuerdo de acreditación de centros y servicios renuncie a adoptar medidas contundentes de mejora de las condiciones laborales antes de que finalice el año 2023. Y aún entonces, condiciona las escasas medidas a un nuevo y adicional incremento de financiación.
  5. Estamos en una crisis energética y alimentaria, con fuertes subidas de los precios en estos bienes esenciales, que hace que miles de trabajadores y trabajadoras, de pensionistas y jubilados, tengan problemas para llegar a fin de mes. Por eso solicitamos que se baje el precio de los servicios esenciales y queremos conseguir un reparto equilibrado entre todas las rentas, incluyendo los beneficios empresariales.
  6. Hay que seguir garantizando el sistema público de pensiones. Por ello es importante la garantía de revalorización de las pensiones según la media de la subida del IPC de diciembre a noviembre, que se haya eliminado el factor de sostenibilidad, por el que las futuras pensiones perdían poder adquisitivo, y que el Estado asuma las políticas de interés general (empleo, igualdad, apoyo sectorial, etc.). En resumen garantizar pensiones dignas, suficientes y sostenibles, tanto para nosotros como para los futuros pensionistas. No podemos olvidar que la desigualdad salarial entre hombres y mujeres se refleja claramente en la brecha que existe en las pensiones, tanto por el tipo de pensión como por su cuantía, colocando a las mujeres en una posición peor que la de los hombres, por lo que seguimos insistiendo en que hay que solucionar esta situación que las afecta tan negativamente.
  7. Es urgente actualizar el indicador de renta de suficiencia de Cataluña (el IRSC), que lleva congelado desde 2010, ya hace 12 años. El contexto inflacionario hace aún más urgente abordar el incremento de este indicador para frenar el aumento de la desigualdad entre aquellas personas más vulnerables. La actualización del IRSC debería ser automática para situar este indicador en todo momento en el umbral de la pobreza.
  8. Hay que reformar el sistema de formación de precios del mercado de la electricidad para limitar los beneficios extraordinarios de las compañías eléctricas, y garantizar un mayor control público de algunas de las actividades de este sistema eléctrico. Una gran parte de los países de la UE tienen empresas generadoras de electricidad en las que el capital es público en parte o totalmente, reivindicamos estas mismas condiciones para nuestro país.
  9. Hay que revisar los criterios de acceso al bono social térmico, para que éste cubra más colectivos en situación de pobreza energética, simplificando la carga burocrática y facilitando las gestiones para poder acogerse.
  10. Se necesita asegurar una estructura fiscal justa y eficiente que permita asumir la inversión social necesaria que nos acerque a la media de los países europeos de nuestro entorno para asegurar vidas dignas y una mayor cohesión social.