CCOO de Catalunya ha presentado las demandas del sindicato en materia de función pública después de la constitución del nuevo Gobierno, con especial atención a las relacionadas con la solución del elevadísimo porcentaje de temporalidad en el conjunto de las administraciones públicas catalanas.
Iniciamos un período con un sindicato renovado y un nuevo gobierno de la Generalitat, que ha modificado completamente las
responsabilidades en materia de función pública: nueva consejera, nuevo secretario de Administración y Función Pública, y nueva
directora general de Función Pública.
Llevamos ya muchos meses con una parálisis total en todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva y con las condiciones
de trabajo de la plantilla de la Generalidad. Como muestra, la Mesa General no se reúne desde el 29 de octubre de 2020. En este sentido, tenemos pendiente el incremento salarial de 2021, así como la recuperación, este año, de la paga de 2014 y del 50 % del complemento de productividad, según el acuerdo al que alcanzamos el 11 de diciembre de 2018 para desconvocar la huelga organizada para el día siguiente. Si bien el acuerdo de desconvocatoria de huelga situaba este regreso en 2 años, 2021 y 2022, también abría la puerta a considerar pagarlo todo el año 2021. CCOO llevamos más de un año reclamando que se pague la totalidad de importe este 2021, ya que la mejor manera de reconocer el trabajo de las empleadas y empleados públicos durante la pandemia es saldar una vez por todas esta deuda.
Consideramos que el anterior Gobierno concedió poca importancia a los temas de función pública ya la mejora de las condiciones de trabajo de sus trabajadoras y trabajadores. El difícil contexto político del país tampoco propició poder
abordar muchas cuestiones más allá de las inevitables para ir tirando: retribuciones anuales, traslado a Cataluña de algún
acuerdo de ámbito estatal y poco más. Continúan pendientes de abordar cuestiones de carácter estructural y de futuro que cada
son más inaplazables, así como la recuperación de todos los derechos arrebatados durante la crisis pasada.
Vamos tarde, pues, en muchas cuestiones y es necesario empezar a trabajar de manera urgente. Por eso, CCOO ya hemos pedido
la convocatoria inmediata de la Mesa General de Negociación del Empleado Público de la Generalitat, para abordar, de entrada:
- Retribuciones de 2021.
- Cumplimiento del acuerdo de 11 de diciembre de 2018 y retorno de la paga de 2014 y del 50 % del complemento de productividad.
- Oferta pública de empleo.
En cuanto a la hoja de ruta del nuevo Govern en materia de función pública, tenemos la referencia del acuerdo por la investidura entre ERC y JxCat, que es demasiado poco detallado y la reunión de presentación del nuevo secretario de Administración y Función Pública y de la directora General de Función Pública, en la que nos mostraron sus buenas intenciones. Pero al no vivir de buenas intenciones, esperamos la convocatoria de la Mesa General y otros ámbitos de interlocución para empezar a trabajar con el doble objetivo de mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía mediante una buena función pública catalana y las condiciones de trabajo una plantilla que ha estado a la altura de las necesidades de nuestra sociedad en momentos muy duros.
Nos espera, pues, una potente negociación colectiva para abordar varios temas, como los siguientes:
- Fin del alto nivel de temporalidad en la Administración de la Generalitat, como explicaremos en un apartado específico.
- Recuperación de los derechos arrebatados en 2012 todavía pendientes: fondos de acción social, productividad, ayudas de comedor, tres días de asuntos personales, aportaciones al plan de pensiones, 35 horas…
- Conseguir que los planes de igualdad cumplan su objetivo
- Digitalización de la Administración y teletrabajo.
- Actualización de los acuerdos de condiciones de trabajo y salud laboral, firmados hace ya quince años.
- Plan de desplazamiento de empresa de la Generalidad.
- Creación de un órgano extrajudicial de resolución de conflictos.
- Mejorar las condiciones para la realización de las funciones sindicales.
- Elaboración de la ley catalana de la función pública de las administraciones catalanas, tal y como encomendaba al Gobierno la disposición final segunda del Decreto ley 1/1997, que refundía los preceptos legales en materia de función pública. CCOO lleva muchos años reclamándola. No puede entenderse que no se haya abordado en Cataluña una regulación propia de la función pública (es la única comunidad autónoma que no la tiene).
Haga clic para leer elinforme “Nuevo gobierno, ¿nuevas expectativas para la función pública?”