Ante la presentación, por parte de la Comisión Europea, del libro verde sobre el futuro de las pensiones en Europa, CCOO de Catalunya denuncia que no pueden aplicarse las mismas medidas a niveles de protección social distintos
La Comisión Europea ha abierto un debate público sobre cómo conseguir unas pensiones adecuadas, sostenibles y seguras y sobre cómo apoyar los esfuerzos que en estas cuestiones llevan a cabo los Estados miembros.
Los argumentos de la Comisión para poner en marcha el debate son las presiones que la demografía y la crisis están ejerciendo sobre los sistemas de pensiones. Se ofrecen datos sobre cómo en 2060 la proporción de activos sobre pensionistas pasará del actual 4 a 1 a 2 a 1, para demostrar cómo el envejecimiento de la población hará inviables las pensiones en un futuro. Asimismo, se esgrime el argumento del peligro de insuficiencia de la cuantía de las pensiones de mañana.
Sin poner en cuestión la certeza de la existencia de presiones sobre los sistemas públicos de pensiones, presiones demográficas, de carácter económico, pero también debidas al (muy positivo) incremento de la cuantía media de las pensiones, debe tenerse presente que, por una Por otro lado, las previsiones de tensiones por una peligrosa tasa de sustitución (entre cotizantes y pensionistas) están hechas a un excesivo tiempo vista. Pocas proyecciones de futuro realizadas en los años 80 y 90 del siglo pasado preveían que la población española (y con ella la población activa) alcanzara casi los 47 millones en 2010, ya que no se tuvieron en cuenta los movimientos migratorios.
Por otra parte, si bien es cierto que la crisis económica ha hecho reducirse sustancialmente el número de personas ocupadas, y por tanto, el número de cotizantes, el factor que tiene una mayor incidencia sobre el equilibrio entre el gasto y los ingresos del sistema de pensiones no es la cantidad de cotizaciones, sino su calidad. Así pues, la garantía del futuro de las pensiones pasa por mejorar nuestro actual mercado de trabajo, con mayores tasas de empleo (mujeres, jóvenes, mayores de 50 años…), con mejores condiciones laborales y mejores salarios, con un salario mínimo interprofesional que suponga el 60% de los salarios medio negociado (recomendación de la Comisión Europea), lo que supondría un incremento proporcional de las cotizaciones al sistema, pero también por la aplicación de políticas familiares, de atención a la dependencia y de conciliación personal y laboral que mejoraran la natalidad y, al mismo tiempo, políticas migratorias racionales, para revertir una relación entre trabajadores y pensionistas sostenible.
Las fórmulas para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones en España no son recortes de derechos como propone el Gobierno Zapatero, y que cuentan con el apoyo de la Comisión Europea, y que se limitan a reducir el gasto público (congelación de las pensiones , retraso obligatorio de la edad de jubilación, ampliación del período mínimo cotizado para jubilarse…) sino que es necesario actuar sobre los ingresos. Sólo mejorando la recaudación del sistema, mediante la creación de actividad económica y empleo (y no limitando la capacidad de compra de millones de españoles) y generando más y mejores cotizaciones, podrán afrontarse los retos futuros.
No puede utilizarse la misma fórmula para garantizar el futuro de las pensiones en países con un amplio desarrollo de los sistemas de protección social que en un Estado con evidentes déficits. La edad media de jubilación en España se sitúa en 63 años y 9 meses (la más elevada en la UE), mientras que en Alemán es de 61 años y medio, en Italia no llega a los 61 años y en Francia se sitúa en 59 años . Sorprendentemente, se propone retrasar la edad legal de jubilación en nuestro país hasta los 67 años, exactamente igual que en Alemania, sin tener en cuenta que existe un amplio abanico de medidas para fomentar el alargamiento voluntario de la edad de jubilación y sin establecer una limitación legal en el ajuste de plantillas vía expulsión de trabajadores a partir de los 50 años en empresas con beneficios.
Así pues, desde CCOO de Catalunya reiteramos la necesidad de que el Gobierno español explore vías alternativas al recorte indiscriminado de derechos de los actuales y futuros pensionistas que garanticen el futuro del sistema público de pensiones y que el debate puesto en marcha por la UE no sea el excusa para la destrucción de la Europa social.