La Federación de
Pensionistas y Jubilados de CCOO ente
adherimos y apoyamos la huelga general convocada para el día 29 de marzo por
expresar nuestro rechazo a los presupuestos generales del Estado ya la reforma laboral,
validada por el Congreso de los Diputados, con la mayoría parlamentaria del PP y otros
partidos de la derecha política de nuestro país, y dictada y dirigida por la Unión Europea.
Porque las medidas aprobadas por el Gobierno del PP sobre pensiones y los recortes
en los gastos sociales no son la solución: existen otras alternativas. Apostamos
por otra salida de la crisis: solidaria, que mantenga las políticas
sociales, sustentada en unos sistemas fiscales progresivos y suficientes y en el
reforzamiento de la democracia a través de la concertación y la participación
social.
Es imprescindible impulsar de forma inmediata una lucha decidida contra el
fraude fiscal y emprender una reforma fiscal integral, con consenso social, que
afecte al conjunto de impuestos y que sirva para devolverle a nuestro sistema
tributario las características de suficiencia y equidad propias de los países más
avanzados de Europa.
Es necesaria una plataforma social para la defensa del estado del bienestar y los servicios
públicos, y del papel del Estado como regulador, supervisor, agente económico y
proveedor de servicios sociales y de protección social. Los agentes sociales han presentado modificaciones
a la ley, que seguramente serán recogidas como enmiendas por los grupos
parlamentarios de izquierda.
Son propuestas razonadas y adecuadas a la situación de crisis, pero que no han
sido suficientemente tenidas en cuenta ni conocidas por la opinión pública, a partir del
bloqueo informativo que mantienen a los grandes medios de comunicación.
Esta reforma laboral no crea empleo, y la que existe la hace más barata.
El trabajador se queda sin recursos para rechazar el ataque a los derechos
laborales y sindicales que contiene esta modificación normativa, que es
excepcionalmente grave, supone una verdadera involución democrática en nuestro país
y generaliza el despido con 20 días.
El presidente del Gobierno no ha considerado necesaria una reunión con los
dirigentes sindicales, mientras que sí lo ha hecho, ya menudo, con directivos
bancarios y de la CEOE. Esto simboliza de forma nítida el desequilibrio de la
su orientación política a favor de los más poderosos.
Acusan a los sindicatos de irresponsabilidad pero no dicen nada de la firma de un
importante acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que se firmó
con la patronal y que el Govern dinamitó con la reforma laboral.
Por todo ello, los pensionistas y jubilados apoyamos la huelga general del 29
de marzo, para que se retire la reforma laboral y por la defensa de los nuestros
intereses a fin de que el gasto social no se recorte en los presupuestos
generales del Estado.
Barcelona, 18 de marzo de 2012