Resolución general del Congreso de la Federación de Pensionistas de CCOO de Catalunya

12º Congreso de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Catalunya,

Resolución general del Congreso de la Federación de Pensionistas de CCOO de Catalunya 
El 8 de abril se celebró el Congreso de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Catalunya, con los delegados y delegadas elegidas en los congresos territoriales de toda Catalunya, en representación de más de ocho mil afiliadas y afiliados a CCOO.
Los sindicatos de clase somos el instrumento imprescindible para consolidar y mejorar el sistema público de pensiones y los derechos de las personas mayores, frente a la ofensiva de la derecha y la ultraderecha económica y neoliberal. En los tiempos que vivimos es más necesario que nunca el fortalecimiento de los sindicatos para impulsar movilizaciones de la clase trabajadora y pensionistas. Las pensiones son el principal pilar del estado del bienestar, cuestionado por el neoliberalismo.
El congreso aprobó los documentos casi por unanimidad, centrando el debate del proceso congresual en la problemática de las personas mayores, en la defensa del sistema público de pensiones, la sanidad, la dependencia, las residencias, el coronavirus, las vacunas y el cierre de oficinas bancarias. Los temas de mayor importancia, entre otros, aprobados en el Congreso son:
a) La defensa de nuestros intereses pasa por fortalecer a los sindicatos de clase, por influir y presionar al Gobierno para que priorice las demandas de los pensionistas, y los temas sociales y laborales. Exigir al ministro Javier Escribá que defienda los avances recogidos en el Pacto de Toledo, que mejoren las condiciones de vida de las personas mayores. Si continúa en la actual dirección, priorizando otros intereses, pediremos su dimisión por no respetar los compromisos del Pacto de Toledo, poniéndose al servicio de las entidades financieras y los grupos económicos, que ven las pensiones como un medio para aumentar más sus beneficios.
b) El Congreso aprueba hacer un llamamiento contra las listas de espera. Habrá que tener en cuenta que a raíz de la pandemia existe una desatención en los CAP, tanto de las enfermedades crónicas como de las visitas presenciales que habrá que resolver para que este modelo de atención primaria no haya venido para quedarse. El coronavirus ha hecho que adquieran un nivel de crecimiento que podría doblar a los 190.000 afectados que había en 2019 para intervenciones quirúrgicas, aumentando con ello el sufrimiento de las personas afectadas, la gran mayoría personas mayores. Exigimos al Gobierno de la Generalitat que fije una partida extraordinaria para hacer frente a este enorme problema, y ​​un plan de choque para lo más urgente, con recursos económicos, para salir de esa situación de máxima gravedad.

Asimismo exigimos que las consellerias con competencias en la materia aseguren los objetivos de inmunización de la población, especialmente las franjas de edad de riesgo con el objetivo de que tengan a disposición la vacuna a la mayor brevedad.

Por último que el Departamento de Salud tenga una comunicación fluida y responsable con los agentes sociales y económicos y con la población en general.

c) Este congreso muestra su satisfacción por que las personas que viven en las residencias y mayores de 80 años estén vacunadas, porque han sido las víctimas principales de esta pandemia. Pero quedan pendientes más de ocho millones de pensionistas con edades de 65 a 80 años, parte de ellos enfermos crónicos de riesgo. Reclamamos que también sean prioritarios en la vacunación.

d) El congreso pide al Gobierno de la Generalitat, ya todas las fuerzas políticas del Parlament, revertir a gestión pública las residencias que, siendo propiedad pública, son gestionadas por grandes grupos privados, iniciando un proceso de anulación de las adjudicaciones, causa principal de la gran mortalidad en las residencias por la pandemia. Exigimos responsabilidades penales y económicas en los casos de abandono y dejadez, y que se haga público cuántas personas pensionistas han muerto. Exigimos la información de todo lo que ha ocurrido en Cataluña y las personas afectadas.

e) La ley de dependencia se considera la cuarta pata del estado del bienestar. Esta ley generó mucha esperanza a las personas mayores, dependientes y familiares, pero no fue dotada de recursos suficientes para cumplir los objetivos. Los recortes y la austeridad impuestos por el Gobierno del PP, con M. Rajoy en la presidencia, redujeron de forma brutal los recursos destinados a la dependencia, han muerto más de 30.000 personas anualmente, con las ayudas aprobadas y sin recibirlas. El Gobierno progresista de coalición ha aumentado los recursos, pero siguen siendo insuficientes. Exigimos el cumplimiento de la ley, y que se paguen las ayudas al cabo de un mes de su aprobación.

f) El congreso pide al Gobierno del Estado que se tomen medidas ante el cierre masivo de oficinas de entidades bancarias, por el perjuicio que está generando a las personas mayores, con muchas limitaciones en el uso telemático y de movilidad, y que ha dejado pueblos y barrios sin ninguna oficina. Exigimos que se regulen unos servicios bancarios que deben estar al servicio de las personas. Ayuntamientos, Generalitat y Gobierno del Estado deben intervenir, para que las entidades financieras no puedan cerrar unilateralmente las oficinas. Exigimos también la supresión de las comisiones bancarias abusivas, que repercuten en las cuentas de la mayoría de la gente trabajadora y pensionistas en general, sobre todo en aquellas rentas más bajas.

g) El congreso acuerda dinamizar el trabajo de la Federación de Pensionistas y Jubilados del sindicato en el territorio, y organizar núcleos de CCOO en los municipios. Es imprescindible fortalecer a los sindicatos de clase para defender las pensiones públicas, el sistema sanitario y el estado del bienestar, y confrontarse con los grupos económicos y financieros que trabajan para privatizarlos y hacer negocio. CCOO debemos impulsar el trabajo sociopolítico en los territorios, buscando aliados para influir en la Administración local y la autonómica, poniendo en marcha plataformas unitarias que agrupen sindicatos y entidades, para movilizar a los pensionistas en la defensa de sus intereses e influir en la ciudadanía y en la Administración, reivindicando derechos de las personas mayores, como son: pensiones dignas, residencias públicas, cumplimiento de la ley de dependencia, déficits sanitarios, alternativas a la soledad y otras necesidades que tenemos las personas mayores.

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