Posicionamiento de CCOO sobre la ley de temporalidad en la ocupación pública aprobada hoy, 22 de diciembre del 2021

Una vez aprobada definitivamente la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en la ocupación pública, CCOO instamos las diferentes administraciones públicas a negociar su implementación lo antes posible.

Es una ley basada en el acuerdo firmado por nuestro sindicato el 5 de julio, concretando la posibilidad que los ejercicios de la fase de oposición no sean eliminatorios. Por otro lado, el legislativo ha introducido la novedad del acceso a la función pública mediante el concurso de méritos en aquellas plazas ocupadas de manera temporal desde hace seis años.

Este sistema requerirá una implementación cuidadosa porque, tal como reconoce la misma exposición de motivos de la ley, respete el principio de igualdad definido en la Constitución y preservado por la jurisprudencia.

En estos momentos, CCOO ya hemos tenido que denunciar públicamente los intentos de algunas administraciones, de muy diverso signo político y de diferentes territorios, de convocar procesos selectivos sin tener en cuenta las mejoras introducidas por el Real decreto ley 14/2021 o las de la ley que se acaba de aprobar. Parecía que quisieran obviar la legislación que sus propios partidos estaban aprobando, con la intención de perjudicar el personal temporal.

Por todo esto, CCOO, como sindicato mayoritario al conjunto de administraciones públicas de España y Cataluña y del sector público empresarial, insistimos en la necesidad de abrir la totalidad de mesas de negociación para conseguir nuestros objetivos de tantos años de presión y negociación: reducir la temporalidad a las administraciones públicas a un máximo del 8% y que los procesos consoliden las personas que han estado sufriendo un abuso de temporalidad durante años, con las máximas garantías jurídicas posibles.

A la vez, continuaremos nuestro proceso de movilizaciones para seguir recuperando los derechos arrebatados además de tres millones de trabajadoras y trabajadores públicos. Continuaremos luchando contra la reducción del poder adquisitivo o la pérdida de plantillas, así como por la mejora de nuestros derechos laborales, en el camino de la modernización de las administraciones públicas. En Cataluña, un elemento esencial es disponer de una vez para siempre de una ley de la función pública catalana. Es imprescindible un compromiso de negociación inmediata tal como mandaba en el Gobierno la disposición final segunda del Decreto Legislativo 1/1997.

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