El dictamen fue aprobado por la Comisión Ejecutiva por delegación del Pleno del CTESC, el 12 de enero de 2026.
El Anteproyecto de ley tiene por objeto regular el derecho de participación ciudadana mediante los instrumentos que promuevan las administraciones públicas catalanas, con el fin de garantizar la incidencia de la ciudadanía en la elaboración, la implementación y la evaluación de las políticas públicas (no son objeto de este Anteproyecto de ley la participación ciudadana en los procesos electorales, las referéndum, así como el impulso de encuestas y estudios de opinión, que se rigen por su normativa específica).
El anteproyecto de ley tiene como objetivo general fomentar y valorar la participación ciudadana y asentar unos principios generales y elementos de calidad como puntos de partida necesarios para la innovación en las formas de participación. En este sentido, pero de forma más indirecta, la intervención también tiene por objetivo fortalecer la calidad democrática de las instituciones públicas del país, ya que persigue favorecer la toma de decisiones públicas de forma informada. Adicionalmente, cambiar la dinámica en la toma de decisiones también tiene como objetivo impactar en el papel de la ciudadanía. Por este motivo, se afirma que el cambio cultural es bidireccional:
- La participación ciudadana fomenta el cambio de rol de los ciudadanos y ciudadanas, que se convierten en activos y comprometidos en la esfera pública, y, por tanto, se les hace partícipes de las decisiones estratégicas y relevantes.
Los objetivos específicos que se quieren alcanzar con el anteproyecto son los siguientes:
- Incrementar el impulso de la participación en las decisiones estratégicas de los poderes públicos y de mayor interés para la ciudadanía.
- Incorporar, en los instrumentos de participación, perfiles que tienden a quedar excluidos.
- Incentivar la deliberación de calidad.
- Instalar la rendición de cuentas como práctica necesaria y habitual.
- Garantizar los derechos de los participantes.
Por el planteamiento de transformación y por el mismo alcance, tanto transversal como sectorial, de la participación ciudadana, estos objetivos se alinean con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2020-2030 de Naciones Unidas. Cabe destacar en especial la vinculación con el objetivo 16 (“Promover sociedades pacíficas e inclusivas para conseguir un desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todas las personas y desarrollar instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles”) y el objetivo 17 (“Fortalecer los medios para implementar y revitalizar el” el objetivo 4 (“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”), el objetivo 5 (“Conseguir la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas”) y el objetivo 10 (“Reducir la desigualdad en y entre los países”).