El dictamen fue aprobado por la Comisión Ejecutiva, por delegación del Pleno del CTESC, el 8 de septiembre de 2025.
El proyecto de decreto tiene por objeto la modificación del Decreto 28/1986, de 30 de enero, del Reglamento de selección de personal de la Administración de la Generalidad de Cataluña, y del Decreto 66/1999, de 9 de marzo, sobre el acceso a la función pública de las personas con discapacidad y de los equipos de valoración multiprofesional, así como la derogación del Decreto 9 el Reglamento de la escala de inspectores financieros del cuerpo superior de administración de la Generalitat, dado que sus preceptos han quedado ciertamente obsoletos o han sido superados por la normativa vigente.
El proyecto de decreto, en el marco plan de choque aprobado por el Gobierno (Acuerdo GOV/217/2024), tiene como objetivo general la mejora en la prestación del servicio público a la ciudadanía a través de la modernización y agilización de los procesos selectivos de acceso al empleo público de la Administración de la Generalidad de Cataluña, y busca alcanzar los siguientes objetivos específicos:
- Simplificar y agilizar la gestión de los procesos de selección para dar una respuesta ágil, eficaz y eficiente a las necesidades de cobertura de puestos de trabajo por personal de nuevo acceso a la Administración de la Generalidad.
- Promover que los procesos tengan una duración más flexible, con plenas garantías de cumplimiento de la normativa vigente y de los principios que rigen el acceso al empleo público.
- Reducir las cargas administrativas por la ciudadanía gracias a la simplificación del procedimiento.
- Alcanzar una administración más rápida y efectiva en la cobertura de las plazas vacantes, garantizando la plena capacitación de los profesionales seleccionados y la consiguiente calidad de los servicios públicos.
- Establecer medidas para la profesionalización de los tribunales calificadores de las pruebas selectivas para garantizar la disponibilidad, idoneidad y profesionalidad de los miembros de los tribunales.
- Garantizar un funcionamiento homogéneo y coherente de los sucesivos procesos selectivos para preservar la igualdad de oportunidades de los aspirantes, mediante el establecimiento de criterios estandarizados por el órgano de selección.
- Incrementar la optimización de recursos y la eficiencia en el gasto público por la consecución de procesos con plazos más cortos y más eficientes gracias, entre otros, a la digitalización completa de los procesos selectivos.
- Aumentar la imagen de eficiencia y profesionalidad de la función pública, de la confianza de los aspirantes y de la ciudadana en los procesos selectivos y el incremento del atractivo por el acceso a la función pública.