Resolución del 12º Congreso de CCOO de Catalunya
En las próximas décadas, el mundo afrontará retos que no se habían previsto ni imaginado. El cambio climático, el declive y el agotamiento de los recursos, y el impacto de los tóxicos y de los patógenos en los ecosistemas amenazan la vida y evidencian una crisis del modelo económico. Mientras se dejan oír sus manifestaciones de carácter económico y pandémico, irrumpe una revolución tecnológica, la digitalización, con oportunidades y, al mismo tiempo, con retos para la democracia social y la justicia económica.
El mundo está experimentando desde el último tercio del siglo pasado una transformación tecnológica que, con el microprocesador e internet, ha hecho eclosión ahora en una verdadera revolución digital con impactos disruptivos que transforman la economía, la forma de producir y de hacer negocios, así como los valores y hábitos sociales y laborales en el marco de una nueva cultura y un nuevo modelo productivo. Los bits, la nueva materia prima de la economía digital, y las redes globales son la esencia de la nueva industria, que mezcla inseparablemente manufactura y servicios. El modelo fordista de la fábrica se está sustituyendo por una constelación de unidades de producción y de gestión en red que abarca toda la cadena de valor y genera nuevos impactos en lo que respecta a las relaciones laborales, la organización y la división del trabajo.
El crecimiento industrial ha sido desigual y ha beneficiado a grupos empresariales y financieros que han estado negando los efectos perjudiciales que los motores del progreso ejercían sobre los ecosistemas. El industrialismo ha dejado una huella ecológica que compromete a las generaciones futuras por el declive y el agotamiento de materias primas estratégicas y recursos energéticos no renovables; por un encogimiento del monte y de las reservas de agua dulce, y la contaminación de los ecosistemas con pérdida de suelo fértil, que amenazan a las economías, la biodiversidad, las cadenas alimentarias así como la estabilidad climática. El empobrecimiento de las regiones del planeta más expuestas está provocando movimientos migratorios con refugiados económicos y climáticos, víctimas también de conflictos armados y neocolonialismos que no parecen tener freno. Vergonzosamente, Europa y América no tienen otra respuesta que las políticas de fronteras, que no evitan dramas humanos, como es el caso de las personas ahogadas en el Mediterráneo.
La pandemia de la COVID-19 ha agravado aún más la crisis económica. Ha descubierto la vulnerabilidad de las economías locales desprovistas de suministros básicos y ha cuestionado el erróneo modelo de globalización. Ha acelerado el tráfico hacia un sistema energético renovable con menor dependencia de las fuentes fósiles lejanas y ha sustituido al actual modelo económico lineal por una economía circular que reduzca el consumo de materiales y energía. La pandemia también nos interpela por cambiar los hábitos de consumo hacia un abastecimiento alimentario de proximidad que favorezca las economías agrarias locales y contribuya a mantener el mosaico agroforestal y evitar el despoblamiento.
Iniciamos ahora una década de transición y cambio global donde la acción política es esencial para planificar los nuevos escenarios económicos y ecológicos. Los acuerdos por el clima apuntan a iniciar urgentemente el tráfico hacia escenarios de descarbonización y desmaterialización de la economía, con un cambio de modelo energético 100% renovable a mitad de este siglo. El Acuerdo de París de la 21ª Conferencia de las Partes (COP) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 son las principales directrices para alcanzar la sostenibilidad. La UE tiene estrategia para transformar las economías: el Pacto verde europeo, que se financiará con los fondos extraordinarios de recuperación (Next Generation -EU), con el objetivo de salir de la crisis transformando el modelo productivo, de relanzar una nueva industria sostenible y de cambiar el modelo energético. Esta década será decisiva para el planeta, no sólo para prevenir y reducir el riesgo de pérdidas económicas, los impactos en las poblaciones y la biosfera derivados del cambio climático, sino también porque las inversiones para transformar el modelo económico crearán oportunidades para una transición ecológica con un cambio de modelo productivo y energético con empleo y bienestar.
Para aprovechar las oportunidades y no quedarse atrás, Cataluña debe transitar hacia una economía industrial con eficiencia y ahorro de energía y de recursos. Debe desplegar con urgencia todo su potencial de generación renovable. Debe impulsar la digitalización de las empresas, la movilidad sostenible, la construcción y la renovación eficiente energéticamente de edificios e infraestructuras y el acceso y competencia digital para el conjunto de la ciudadanía.
La transición debe verificarse en términos de justicia social, teniendo en cuenta y protegiendo a las personas trabajadoras, las más vulnerables, así como a los sectores económicos y las comarcas afectadas por procesos de reconversión o cierres. La planificación del despliegue industrial y las inversiones para la transformación del modelo energético deben vertebrar y reequilibrar el territorio devolviendo valor productivo y empleo a la Cataluña despoblada.
Es necesaria una transición justa que ponga la tecnología al servicio de la democracia y de las personas por encima del negocio, disputando el gobierno de los datos para que se transforme en el poder de la gente y no de los grupos oligopolísticos que eluden compromisos sociales o de las plataformas que precarizan el trabajo. La transición justa debe poner a la persona en el centro con la dignificación de los trabajos y la mejora imprescindible de la participación de los trabajadores y trabajadoras para una democracia económica que no se quede a las puertas de la empresa.
CCOO reclama al Gobierno de Cataluña un pacto nacional para las justas transiciones que garantice, en el marco del diálogo social y la concertación, la participación de los trabajadores y trabajadoras. Que prevea medidas compensatorias para empresas en crisis y personas en riesgo de paro. Que facilite la formación para la empleabilidad digital y para reducir las brechas de género, edad, idioma o procedencia. Que ponga los recursos y ayudas públicas necesarias para acompañar las transiciones con planes alternativos de reindustrialización. Que impulse un nuevo modelo de turismo, comercio o regulación del sistema financiero. Y que regule las prácticas abusivas que aprovechan el trabajo online para despojar de derechos a las personas trabajadoras. Debe ser un modelo que refuerce los servicios públicos adaptados a la nueva era digital poniendo a las personas en el centro. El pacto nacional para las transiciones justas debe construir consensos entre los agentes diversos y debe superar bloqueos políticos, para poder aprovechar todas las oportunidades de reindustrializar, digitalizar y hacer el país más verde, resiliente y sostenible, a la vez que más democrático y con más justicia social.