En la década de los sesenta se estaba iniciando una etapa de intensos cambios económicos y transformaciones sociales en el país. El crecimiento económico dejaba atrás la miseria que había caracterizado a la posguerra, hasta bien entrados los años cincuenta. Entre 1951 y 1970 al menos 940.000 personas inmigraron a Cataluña desde el resto del país, con la expectativa de encontrar trabajo, lograr un empleo estable y poder acceder a un mejor nivel de vida. Esto se logró y generalizó, hasta cierto punto, a costa de trabajar muchas horas, con largas jornadas de trabajo en condiciones laborales a veces muy duras, con pluriempleo, y sin derechos y libertad sindicales, negadas sistemáticamente por el Régimen.

A su vez, se incrementó la presencia de las “nuevas clases medias” entre la población. El porcentaje de profesionales liberales, de técnicos y cuadros en el mundo del trabajo creció, incorporándose tanto a las empresas privadas como a una administración pública en expansión. Estos formaban parte de unas clases medias que empezaron a tener la posibilidad de enviar a sus hijos a estudiar a la universidad, lo que contribuyó también al aumento del número de universitarios durante aquellos años.

A principios de los años sesenta, la dictadura del general Franco se vio obligada a realizar algunas modificaciones institucionales y formales en su práctica represiva. A esto contribuyeron las actitudes sociopolíticas de determinados sectores –especialmente obreros y estudiantes- de una sociedad en proceso de cambio y con una mayor presencia social de los grupos que protagonizaron “Actividades contra el régimen” (ACR), como las calificaban las propias autoridades. La oposición organizada contra el franquismo empezó a perder su carácter clandestino, logrando una mayor presencia social y haciéndose progresivamente más diversa y plural.