Esta mañana, CCOO de Catalunya y el resto de sindicatos con representación en Celsa Barcelona se han reunido con el consejero de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, para exponerle su preocupación ante el cambio en el control de la gestión de las empresas de Celsa Group, fruto de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona, que transfiere la gestión del grupo siderúrgico de la familia Rubiralta a los fondos acreedores de la deuda y contra la que no es posible interponer recurso.
Los sindicatos hemos pedido al Gobierno catalán que, de la mano con el Gobierno español, exijan a los nuevos gestores de la empresa garantías industriales y de empleo, y que tomen las medidas necesarias para asegurar que éstas se cumplen y que se mantiene en el Estado español el centro de toma de decisiones.
Tras analizar la sentencia, CCOO de Industria pide a los nuevos gestores un plan industrial, un plan de inversiones y un plan de formación para asegurar los puestos de trabajo, adaptar los centros y reciclar las plantillas, reivindicaciones que ya acordadas con el Gobierno a través de SEPI como grupo de empresas estratégico.
CCOO de Industria reclama que, desde el diálogo social y con la participación de la representación de las personas trabajadoras, se pongan en marcha en Celsa Group:
● Un plan industrial que permita garantizar el futuro de la compañía, manteniendo la actividad de todos los centros de trabajo, así como un empleo de calidad, y evitando la deslocalización de centros productivos y la pérdida de puestos de trabajo.
● Un plan de inversiones que permita adaptar los centros de trabajo a las exigencias productivas actuales y futuras, así como el crecimiento de producciones y empleo.
● Un plan de formación que permita a las personas trabajadoras adaptarse a los nuevos modelos productivos derivados del proceso de digitalización y descarbonización.
CCOO manifiesta su preocupación ante los cambios introducidos por la nueva Ley Concursal, puesto que no se ha permitido a la representación sindical de las personas trabajadoras participar en el proceso judicial. El juez justifica esta decisión en que las personas trabajadoras y su representación no eran parte interesada. CCOO no comparte esta afirmación, puesto que toda reestructuración de una empresa, sea laboral o financiera, acaba repercutiendo en sus trabajadores y trabajadoras. Además, con la nueva ley tampoco se contempla la posibilidad de recurso.
Desde el sindicato recordamos que éste es el primer caso en el que se aplica la nueva Ley Concursal y que establece un peligroso precedente, ya que podría dar lugar a un desmantelamiento judicial de empresas sin posibilidad de participación de los agentes sociales que representan a las personas trabajadoras.