La Generalitat pasa a manos privadas las medidas penales alternativas
CCOO ha presentado un recurso contencioso-administrativo en el TSJC contra la licitación del servicio de medidas penales alternativas que ha hecho el Departamento de Justicia.
El programa de medidas penales alternativas se refiere al cumplimiento de las penas, medidas de seguridad u obligaciones impuestas por el órgano judicial al autor de un delito o falta, a menudo como alternativa al ingreso en prisión. Se configura, por tanto, como un servicio de carácter público, que implica el ejercicio de la autoridad competente y la manipulación de datos de carácter personal de los infractores.
La privatización de este servicio supone un gasto público de 22.561.216 euros. Según el contrato de adjudicación, esta cantidad se incrementará en un 2% en los próximos dos años. CCOO valora este gasto injustificable e inoportuno en un momento de recorte del gasto público, más teniendo en cuenta que, hasta ahora, este servicio lo llevaban a cabo empleados públicos.
Dado que el servicio tiene carácter público, por tanto debe tener unas determinadas garantías, CCOO considera que la gestión y la ejecución de las medidas penales alternativas debe hacerla personal la administración, lo que, además, supone un ahorro económico importante.
Desde la perspectiva laboral, CCOO denuncia que el Departamento de Justicia, posiblemente, ceda ilegalmente trabajadores, según lo previsto en el art. 43 del Estatuto de los trabajadores.