Manifestaciones de los trabajadores y trabajadoras del Área Pública

Continuamos luchando por tus derechos. Viernes, 12 de noviembre, a las 12 horas en las subdelegaciones del Gobierno

¡RECUPERACIÓN DE LOS DERECHOS ARRABADOS A LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS PÚBLICOS! ¡NI UN PASO ATRÁS!

Para CCOO, es absolutamente imprescindible aumentar el gasto público en los servicios que garantizan derechos de ciudadanía. Es necesario asegurar la financiación de la sanidad, los servicios sociales, la educación y la dependencia. También es necesario mejorar el resto de servicios de las administraciones públicas, claramente mermados durante el período de austeridad extrema, invertir en materia de logística e infraestructura, garantizar la cohesión social y territorial, y hacer una mayor apuesta por la inversión en I+ D+I, la digitalización y la formación y la calificación de los empleados y empleadas públicos. Requerirán una dedicación especial los servicios públicos que atienden a las personas migrantes y refugiadas.

España debe recuperar el gasto social anterior a la crisis para irnos acercando a los países de nuestro entorno y, sobre todo, para garantizar los derechos de ciudadanía que la crisis ha puesto en riesgo, con copagos o dificultades de acceso a los servicios públicos, entre otros.

Por lo que respecta a las condiciones laborales, CCOO recriminamos al Gobierno el incumplimiento de los compromisos contraídos con el sindicato. Hay que cumplir el resto de materias que todavía están pendientes de resolver del II Acuerdo para la mejora del empleo público de 2018, y, más recientemente, del Acuerdo de 5 de julio de 2021. Es necesario constituir la Comisión de Seguimiento de el acuerdo, así como el recogido en el apartado tercero, que incluye la negociación de un tercer acuerdo bianual, para seguir mejorando el empleo público y las condiciones de trabajo y salariales.

Una tarea imprescindible que debe emprenderse para conseguir la recuperación de los derechos arrebatados a más de tres millones de empleados y empleadas públicos con la excusa de la crisis económica, a los que, en concreto, se les debe garantizar:

  • Salarios: es necesario seguir haciendo avances en la recuperación del poder adquisitivo perdido por las empleadas y empleados públicos durante la crisis. Concretamente, se han perdido entre 11 y 18 puntos de capacidad de compra, y hasta ahora sólo se han recuperado 4. El Govern impuso, sin negociación, una subida salarial del 0,9 % en 2021 y ahora, en el Proyecto de ley de presupuestos generales del Estado de 2022, una del 2 %.

El Área Pública de CCOO no avala este tipo de subida porque se aleja de los objetivos marcados de recuperación del poder adquisitivo: se sigue desvinculando del IPC y, por tanto, ni siquiera se sitúa en el mantenimiento de los salarios, como sí que se ha garantizado para las pensiones o la subida por encima del IPC para las pensiones más bajas. Es una medida que, además, es ineficiente para incrementar la demanda interna, necesaria para el incremento del PIB del país.

  • Fondos adicionales: se recuperarán, garantizando su puesta en marcha y cumplimiento, incrementándose para reducir o eliminar la brecha salarial de género. También deben preverse partidas suficientes que den respuesta a las justas demandas para, entre otras, abordar las deficiencias y adaptaciones a las Relaciones de puestos de trabajo, la carrera profesional, la calificación y la clasificación profesional, así como la valoración de puestos de trabajo, que debe trasladarse a los convenios colectivos y/o acuerdos. Debe matizarse de forma fehaciente que los fondos adicionales son parte de las retribuciones y, por tanto, su reparto es de obligado cumplimiento.
  • Empleo: debemos recuperar el empleo público perdido y emprender el necesario rejuvenecimiento de las plantillas. Se trata de una necesidad imperiosa teniendo en cuenta la edad avanzada, cercana a la jubilación, de un altísimo porcentaje de las plantillas. De lo contrario, se pone en cuestión la continuidad de los servicios públicos con una prestación eficaz, de calidad y universal.

Asimismo, es necesario poner en marcha los cambios necesarios para el correcto desarrollo de los procesos de modernización y digitalización de las administraciones públicas sin que ello suponga una pérdida de empleo, en desarrollo del componente 11 del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.

  • Estabilización del empleo: conforme se ha recogido en el nuevo Acuerdo de 5 de julio de 2021, junto con los anteriores de 2017 y 2018, la temporalidad debe situarse por debajo del 8 % en todo el sector público en finales de 2024, compromiso contraído igualmente en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia acordado con la Unión Europea. Estos procesos deben realizarse con las máximas garantías jurídicas, como entendemos que pasará en el trámite parlamentario tras la convalidación del Real Decreto-ley 14/2021, para conseguir los objetivos de dar estabilidad a las plantillas y poner fin al azote que supone la temporalidad.

Estos procesos deben prever la totalidad del sector público empresarial, así como los centros de investigación, no sólo en lugares estructurales sino en todos aquellos que también deben ser considerados como tales y que, mayoritariamente, están cubiertos de forma alegal, legal o en fraude de ley, a través de figuras como programas, obra y servicio, etc.

En ningún caso debe permitirse la amortización de las plazas y debe cumplirse con la adaptación del Estatuto básico del empleado público, ya materializada conforme al Acuerdo de 5 de julio y otras normas de aplicación, de forma que se evite el fraude o abuso en la contratación temporal, que se reflejen claramente las sanciones disuasorias ante estos abusos y que se evite cualquier tipo de discriminación entre personal fijo y temporal.

Es necesario eliminar cualquier limitación en la tasa de reposición para hacer realmente efectiva y duradera la reducción de la temporalidad a menos del 8% de las plantillas en todos los sectores públicos y permitir la recuperación del empleo público perdido.

  • Mesa de interlocución del sector público empresarial y de los centros de investigación del sector público: es imprescindible crearla como espacio de diálogo, respetando la negociación colectiva en cada ámbito, así como para la evaluación, la consideración y/o negociación de aquellas iniciativas, conflictos y propuestas que sean oportunas para dar respuesta a decenas de miles de trabajadoras y trabajadores de estos sectores.
  • Administración local: impulsar la negociación de un acuerdo marco para la Administración local respetando el derecho a la negociación colectiva en cada ámbito. Urge la derogación de la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.
  • Jornada: recuperar y extender la jornada de 35 horas, con las oportunas adaptaciones a los diferentes sectores para hacerla realmente efectiva y desvinculándola de los objetivos de déficit, una cuestión todavía pendiente a muchas administraciones públicas y al sector público empresarial.
  • Igualdad: es necesario aprobar los planes de igualdad así como medidas de corresponsabilidad y conciliación, además de los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo.
  • Clases pasivas: se operará un incremento sustancial de los haberes reguladores de los grupos del A2 al E, para evitar que se siga deteriorando la calidad de las pensiones de las clases pasivas.
  • Estatuto básico del empleado público: además de la modificación llevada a cabo para la adaptación de la Directiva comunitaria 1999/70 después de la firma del Acuerdo de 5 de julio, resulta necesario y urgente abordar el resto de desarrollo del Estatut, pendiente desde su publicación en 2007. Nos referimos tanto a la garantía del cumplimiento de los acuerdos como a la mejora del acceso al empleo público, la obligatoriedad de resolver las ofertas de empleo público, la agilización de los procesos selectivos, con convocatorias con carácter anual que prevean especialmente las plazas vacantes ocupadas por personal temporal, la provisión y la promoción interna, la carrera profesional, la evaluación del desempeño, la calificación y la clasificación profesional, la culminación de la disposición transitoria tercera, la movilidad interadministrativa, la regulación del teletrabajo, etc.
  • Servicio exterior: es necesario recuperar el poder adquisitivo y exigir de pleno derecho la negociación colectiva. No puede permitirse más que haga doce años que no hay ninguna actualización salarial. Por otra parte, es necesario facilitar el desarrollo democrático de los procesos de elecciones sindicales iniciados en estos momentos.

Haga clic para ver el manifiesto 'Seguimos trabajando por tus derechos' oy cartel de las Manifestaciones de los trabajadores y trabajadoras del Área pública