Ante el laudo impuesto en el conflicto de Eulen, CCOO estudia jurídicamente poner una demanda contra la actuación del Gobierno del Estado por vulneración de los derechos de huelga y negociación colectiva
Ante la resolución del laudo arbitral para los trabajadores y trabajadoras del aeropuerto de El Prat, CCOO está estudiando jurídicamente si la decisión del Gobierno del estado vulnera derechos fundamentales como el de huelga y el de negociación colectiva y, en éste sentido, el sindicato se está planteando interponer una demanda judicial.
Las federaciones sectoriales de la seguridad privada de las organizaciones sindicales, CCOO de Construcción y Servicios y FeSMC, han acordado dirigirse a las patronales que forman parte de la mesa negociadora del convenio sectorial para reunirse de forma inmediata y negociar las mejoras colegiales necesarias, así como regular las condiciones específicas para los centros de trabajo especialmente sensibles.
CCOO y UGT reiteran también la necesidad de que el Gobierno convoque cuanto antes la mesa sectorial propuesta para analizar y solucionar la situación que viven los vigilantes de seguridad para mejorar sus condiciones laborales en el conjunto del estado, garantizando contrataciones públicas adecuadas al especificidad del sector.
CCOO y UGT han advertido de la necesidad de dar una solución global e inmediata a la situación de deterioro que vive el conjunto del sector de la seguridad privada, no sólo en las grandes infraestructuras, sino también en el resto de los centros de trabajo del país, donde los bajos salarios, las horas extras no remuneradas, la duplicidad de tareas, la mala planificación del trabajo y el progresivo empeoramiento de las condiciones laborales con cada cambio de empresa adjudicataria del servicio, son reglas generalizadas en todo el sector.
Por todo ello, ambos sindicatos consideran imprescindible que las patronales sectoriales APROSER, FES y UAS, que reúnen a las empresas más importantes, den un paso adelante en la defensa del sector y se sienten a negociar seriamente una salida pactada que permita poner soluciones a los problemas que hoy en día viven los vigilantes de seguridad.
También convocan a las patronales a exigir al Gobierno la apertura de la mesa sectorial que permita un análisis global de la situación del sector y que, entre otras cosas, ponga fin a las diferencias existentes en las condiciones laborales en los centros de trabajo que pertenecen a las administraciones públicas.
Por esta razón, CCOO y UGT consideran que es imprescindible que el Gobierno realice una correcta aplicación de la Directiva europea de contratación pública, la cual se ha aplicado con más de un año de retraso mediante la Ley de contratación pública e inicie el diálogo con las organizaciones sindicales para la elaboración de su reglamento, que dé garantías de servicio de calidad, en el que los requisitos técnicos ganen peso respecto al factor precio, y el respeto a las obligaciones salariales del convenio colectivo del sector o de seguridad social por parte de la empresa esté recogido en los pliegos de licitación, elemento éste que es imprescindible para sacar al sector de la espiral de deterioro progresivo en el que está inmerso.
Igualmente, CCOO y UGT reclaman que sea aprobado el reglamento de desarrollo de la Ley de seguridad privada, que recoja las aportaciones efectuadas desde los sindicatos y que este reglamento, como complemento eficaz de la ley, evite las ambigüedades normativas que únicamente fomentan el intrusismo, la competencia desleal y el deterioro de una actividad tan importante en estos momentos para el conjunto de la ciudadanía como es la seguridad privada complementaria de la seguridad pública.
Por último, CCOO y UGT advierten, tanto al Gobierno como a las patronales sectoriales, que si no se ve una voluntad real para consensuar el futuro del sector, con mejoras tangibles y generalizadas para todos los trabajadores, iniciarán a partir de septiembre , de forma conjunta y creciente, movilizaciones en todos los centros de trabajo donde exista presencia de vigilantes de seguridad privada, para que sean atendidas sus reclamaciones.
Oficina de Prensa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 31 de agosto de 2017