Ante la declaración de independencia hecha el viernes 27 de octubre
Desde CCOO, hemos
trabajado en las últimas semanas para construir un frente amplio en el que se reconozca la
mayoría de la sociedad catalana, compartiendo esfuerzos con mucha otra gente y
entidades, porque, sin la renuncia de
nadie en sus legítimas aspiraciones, la histórica pluralidad y diversidad
del pueblo de Cataluña mantenga una convivencia social que ha sido ejemplar
en los últimos cuarenta años.
Hemos participado en la
Mesa por la Democracia y hemos rechazado los ataques autoritarios contra los derechos
fundamentales y el autogobierno de Cataluña: las cargas policiales el 1-O, las
intervenciones de los departamentos de la Generalitat, la detención de cargos de
la Administración catalana, la prisión preventiva incondicional por sedición de los jordis y la tramitación del 155
solicitada por el gobierno del Partido Popular con el apoyo de PSOE y
Ciudadanos.
También hemos impulsado
conjuntamente con más de cien entidades de la sociedad civil catalana plataformas
para el diálogo y la negociación política para encontrar soluciones al conflicto y
bloqueo político e institucional, como la Comisión Independiente de Mediación, Diálogo
y Conciliación.
Conjuntamente con la
CSCCOO hicimos una propuesta de negociación que planteaba dos tablas simultáneas
que negociaran un nuevo marco de autogobierno en Cataluña y las condiciones para realizar
posible una consulta a los catalanes y catalanas en este sentido.
En los últimos días
nos hemos manifestado en contra de la aplicación del 155 y hemos hecho un llamamiento al presidente de la Generalitat para que preservara el control del autogobierno de
Cataluña mediante la convocatoria de unas elecciones anticipadas que hubieran
permitido una tregua en el conflicto. De esta forma, se pudo abrir un
amplio apoyo social para un proceso de negociación sobre las condiciones necesarias
para encontrar la solución política en Cataluña y en el resto del Estado.
El Senado, bajo petición
del Gobierno del Estado, ha acordado poner en marcha la aplicación del artículo 155 con
el cese del Gobierno de la Generalidad y el control del Parlamento de
Cataluña. La decisión del gobierno del PP, con una aplicación arbitraria de
el artículo 155 de la Constitución, no tiene
ninguna voluntad de solucionar ningún conflicto. Significa una involución democrática y
una deriva autoritaria para el conjunto del Estado español. Su puesta en
marcha rompe los consensos sobre el insuficiente modelo de autogobierno territorial
en nuestro país, y va en dirección contraria a las reivindicaciones de la mayoría
de los catalanes y catalanas y de buena parte del resto del Estado. El 155 es
un ataque a las instituciones catalanas ya la ciudadanía en general que significa
un profundo retroceso democrático de un país de la UE, en el siglo XXI. Nos oponemos
frontalmente a la intervención de los medios de comunicación, a la pretensión de
control sobre el sistema educativo, en la suspensión efectiva de la representación
democrática en el Parlament de Catalunya, y en el resto de medidas anunciadas previamente
por el consejo de ministros.
La respuesta del
Presidente de la Generalitat y la mayoría del Parlament en Catalunya ha sido proclamar la República Catalana de forma unilateral
y al margen del orden constitucional y estatutario. En las condiciones actuales,
la declaración unilateral de independencia no representa la solución al conflicto
político de Cataluña. En primer lugar, porque la declaración de independencia no
tiene el apoyo de una mayoría calificada de la sociedad catalana. No al menos en
un contexto de medida que permita decir con todas las garantías cuál es su
soporte real. Tampoco tiene el reconocimiento internacional ni estatal, y por tanto, tiene un grado altísimo de dificultad
hacer efectiva la decisión a la vez que un alto riesgo de crisis social, política y
económica que dificultará la necesaria recuperación de derechos sociales y laborales
recortados en la crisis económica de los últimos 10 años. Lo que más nos preocupa es que pueda contribuir
en romper el marco de convivencia entre los ciudadanos y ciudadanas y la cohesión social.
CCOO siempre hemos entendido
la pluralidad y diversidad del pueblo de Cataluña, desde nuestras raíces.
Para nosotros, antes y ahora, es verdad que es catalán quien vive y trabaja en Cataluña y que Cataluña es un solo pueblo. Y como siempre, consideramos que ésta
diversidad debe reconocerse en espacios inclusivos, vertebrarse con los derechos
sociales y nacionales y construir el progreso social desde el trabajo como herramienta
de emancipación de la ciudadanía.
Ahora vuelve a ser un
momento para construir estos espacios inclusivos, para reivindicarnos en la
diversidad, para reconocer las diferencias, para mantener el marco de
convivencia, para garantizar la cohesión social. Por eso reconocemos, y queremos que
todo el mundo reconozca, las legítimas
posiciones políticas de cada uno, la independencia, la federalidad, la
confederalidad, las autonomías… y que mantengan un ámbito de reivindicación
colectiva común, los salarios, las condiciones de trabajo, la estabilidad
laboral, los derechos sociales, el estado del bienestar, las libertades, la democracia.
No estamos de acuerdo con un
marco de confrontación, queremos un marco político y democrático que vuelva a la
ciudadanía la capacidad de reencontrarse en la diversidad y que permita ejercer
nuestro irrenunciable derecho de soberanía popular: votar. Votar a los nuestros
gobernantes en elecciones libres y votar nuestro futuro en un referéndum
vinculante y efectivo.
Por eso instamos a los gobiernos del Estado y la Generalitat y todas las fuerzas políticas que abren
de forma inmediata un marco de negociación política para encontrar soluciones no
unilaterales que pongan a las personas en primer término, garantizando la cohesión
social y la recuperación de derechos colectivos.
Hacemos un llamamiento a
el activo de CCOO en la cohesión de la sociedad y avanzar en los derechos sociales y
nacionales del pueblo de Cataluña.
Por último ente
comprometemos a trabajar para construir un frente amplio con las entidades y el
conjunto de la sociedad civil de Cataluña que contribuya a normalizar la
convivencia en los centros de trabajo y en las calles y pueblos de toda Cataluña.