El procedimiento de adjudicación de plazas docentes públicas durante el curso 2020-2021 finalizó el 29 de julio, con la publicación por parte del Departamento de Educación de la lista definitiva de asignaciones. Este proceso, asentado en los decretos de autonomía de centros, de direcciones y de provisión de puestos de trabajo, lleva años provocando unos efectos discriminatorios, que cada curso se están agravando de manera alarmante.
La normativa permite a las direcciones de los centros públicos perfilar plazas, de manera que sólo pueden acceder un número reducido de docentes, confirmar o no el personal con destino provisional sin tener que justificarlo y realizar entrevistas con presentación de currículos, como si el personal docente no hubiera presentado y constara ya su experiencia, titulación y formación en el registro informático del departamento. Esta normativa permite, en definitiva, seleccionar al personal docente independientemente de su experiencia, de sus méritos y de sus capacidades. Prácticamente es el procedimiento de una empresa privada que aplique procedimientos de selección opacos. Las direcciones proponen y el departamento contrata. Algunas personas docentes ven peligrar su puesto de trabajo, muchos no han logrado plaza a pesar de tener mucho tiempo de servicios prestados, otros ni siquiera se atreven a pedir cambio de centro, creando una falsa estabilidad de la plantilla.
Podríamos debatir las ventajas que el actual sistema tiene por la estabilidad de la plantilla en un centro o por la mejora de la calidad educativa, pero lo que es evidente es que no garantiza que la selección responda a los criterios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y, por tanto, que no comporte decisiones arbitrarias, subjetivas y, en ocasiones, discriminatorias por algunos colectivos como las mujeres embarazadas, los docentes con más edad, los que tienen personas a cargo o problemas de salud. Estas situaciones se han agravado con la irrupción de la pandemia y la declaración responsable que ha llenado el personal docente, que ha puesto en el punto de mira a estos colectivos, al ser considerados personal especialmente vulnerable y, por tanto, con menos posibilidades hacer trabajo presencial. Algunas direcciones no les han confirmado y el departamento ha validado su decisión.
Desde CCOO lo estamos denunciando en las mesas de negociación, pero siempre nos encontramos con la negativa del departamento a modificar la normativa vigente, aunque acepta la existencia de malas praxis por parte de algunas direcciones. Este año, logramos que revisaran las denuncias de personas afectadas que nos llegaban a los sindicatos, pero la respuesta por parte de la Administración ha sido muy decepcionante. Los informes de la Inspección, argumentados en base a dichos decretos, avalan mayoritariamente que la selección realizada es correcta, sin prever que es discriminatorio que a una docente, después de años siendo confirmada en un centro, se le diga que no se la confirma porque está embarazada o porque está pendiente de una operación o porque tiene cierta edad.
Oficina de Prensa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 4 de agosto de 2020