En la encuesta del alumnado graduado en ciclos formativos, el Departamento de Educación mezcla nabos y coles para justificar la reforma curricular de toda la FP y el incremento de la Dual
Por 13º año consecutivo, el Departamento de Educación con colaboración del Consejo General de Cámaras presenta la encuesta del alumnado graduado en ciclos formativos, en este caso al finalizar el curso 2017-18, bajo la denominación de “Inserción laboral de las enseñanzas profesionales 2019”, siendo un estudio sobre la continuidad educativa y la inserción laboral a corto plazo.
El estudio se sustenta sobre 32.759 encuestas, realizadas a alumnado graduado de 416 centros, sin contrastar con los datos del registro de alumnos del sistema educativo, RALC, y los informes mensuales de contratación de cada titulación publicados en el servicio público de empleo que aportarían fiabilidad y certeza sobre la continuidad educativa y la inserción laboral de los estudios profesionales.
A pesar de la falta de contraste con los datos del mercado de trabajo y comparando el mismo estudio previo a la crisis económica del curso 2005-2006, podemos observar que estamos lejos de los resultados de ese curso con la inserción laboral del 70,57% respecto al 56,01% actual y la contratación indefinida total del 35,33% respecto al 31% actual.
La contratación precaria se perpetúa en la FP con datos por debajo de los resultados precrisis con tan sólo un 36,89% de contratación indefinida en el Grado Superior (GS) y un 27,19% en el Grado Medio (GM), de la que el 30% no llega al año de duración; por tanto al cabo de un año la contratación indefinida es del 18% en el GM y del 24,5% en el GS, fruto de la reforma laboral y la rotación y precariedad que ha generado.
La comparativa de inserción laboral de FP en la modalidad dual y convencional debería realizarse únicamente sobre los ciclos que ofrecen ambas modalidades teniendo en cuenta otros factores como el territorio y el tejido productivo. La FP Dual supuso, en el curso 2017-18, un 8,5% de toda la oferta de ciclos formativos, añadiendo que determinados ciclos en la modalidad convencional por sí solos ya tenían elevada inserción. Además, debe tenerse en cuenta que el alumnado de FP Dual ha superado diferentes filtros en el acceso, según el expediente académico y competencias, y la parte del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) que realizan en realidad es un período de prueba. No se puede sustentar la reforma curricular y el objetivo de incrementar hasta el 30% el alumnado dual a partir sólo de estos datos.
La gestión de las encuestas año tras año recae sobre el profesorado tutor o coordinador de FP y comporta una sobrecarga de trabajo burocrática añadida a las tareas a desarrollar en la tutoría, como la acción tutorial o la orientación educativa, ya de por sí realizadas con falta de horas para su preparación. No debe ser una función del personal docente de FP, ya muy sobrecargado de horas de docencia y proyectos, gestionar la totalidad de encuestas de todas las promociones de ciclos formativos del centro educativo. Asimismo, los datos que se recogen tienen una carencia de contraste de origen, al basarse exclusivamente en las respuestas dadas por el exalumnado, sin posibilidad de poder usar ninguna herramienta de verificación.
Para analizar la continuidad formativa es necesario, pues, tener en cuenta al alumnado matriculado y graduado de cada promoción, con indicadores estándar como la edad al inicio de los estudios, los años en graduar, el abandono, el itinerario escogido en primera opción y el asignado finalmente, entre otros. Estos datos se pueden obtener a partir del registro del alumnado vigente desde el curso 2015, en aplicación de la ORDEN ENS/293/2015, de 18 de septiembre, de creación del Registro de alumnos y del fichero de datos de carácter personal asociado.
Dado que los resultados de este estudio pueden ser usados para orientar la planificación por parte de la administración educativa de la oferta de ciclos formativos, es imprescindible que los datos sean contrastados y fiables. Por eso es necesario que los informes o estudios de inserción laboral de las enseñanzas profesionales provengan de datos cruzados con el Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC); aún más, teniendo en cuenta que ya se ha iniciado el despliegue de la Ley 10/2015 y de la integración de la FP y que es absolutamente necesaria la colaboración entre las administraciones educativa y laboral y que el Departamento haga visibles las datos existentes actualmente del servicio público de empleo en relación con la inserción de las diferentes enseñanzas profesionales en Cataluña.
Oficina de Prensa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 13 de enero de 2020