La crisis sanitaria generada por la COVID-19 sigue condicionando el funcionamiento de la red de oficinas del CITE y comporta un incremento del número de atenciones realizadas.
Durante el 2021, en el segundo año de crisis sanitaria generada por la COVID-19, desde las 33 oficinas del CITE, distribuidas por toda Cataluña, se atendieron 12.569 personas, que realizaron visitas 20.917 y plantear 34.245 consultas. Esto representa un incremento del 10,10 % del número de personas atendidas respecto a 2020, pero también del 6,8% de visitas y del 2,86% de consultas.
Por nacionalidades, durante el año 2021 se atendieron personas de 121 nacionalidades diferentes. El primer país es Marruecos, con un 13,6% del total, seguido de Colombia (13,4%), Honduras (8,7%), Perú (8,1%) y Venezuela (5,8%) , y se mantiene así la misma correlación de países que el pasado año. Asimismo, cerca del 60% de las personas atendidas son latinoamericanas.
Esto ha hecho que el porcentaje de mujeres atendidas sea del 58% del total de personas atendidas como consecuencia del mayor peso de las mujeres entre las personas provenientes de países latinoamericanos (el 79% en el caso de Honduras, el 68% en el caso de Venezuela, el 67% si hablamos de Perú y el 64% en el caso de Colombia, por ejemplo).
La memoria también sigue mostrando, como en los años anteriores, uno incremento continuado de las personas sin autorización administrativa para residir y trabajar en el Estado español respecto del año anterior, que pasa del 66,3% en 2020 al 69,2%. Esto pone de manifiesto la existencia de una importante bolsa de personas que no han podido regularizar su situación (según estimaciones de la Generalidad de Cataluña puede superar las 150.000 personas) por las dificultades que genera un mercado de trabajo de baja calidad, dado que se requiere un contrato de un año a jornada completa. Esta situación se ha visto agravada por el paro generalizado de la economía y por la crisis económica y social consecuencia de la pandemia, y puede comportar un incremento importante de personas que puedan caer en la irregularidad sobrevenida.
En este sentido, el 37% de las consultas atendidas tienen que ver con temas relacionados con las vías para regularizar su situación administrativa: 24,4% arraigo social, 9,6% otras formas de regularización y 3% arraigo laboral. Este último procedimiento ve aumentar de forma importante su peso respecto a 2020 por las modificaciones introducidas por la Instrucción 1/2021, de 8 de junio, de la Secretaría de Estado de Migraciones en relación con el arraigo laboral.
Por otra parte, se reduce un 2,4% el número de personas que trabaja respecto al año anterior, un 43,6%, y se incrementan levemente las que lo hacen de forma irregular, el 69,8%, siguiendo la tendencia de años anteriores.
El principal sector de empleo es el trabajo del hogar, que ocupa el 36,8% de las personas que trabajan, el 93,5% mujeres. También es el primer sector en lo que se refiere a trabajo irregular, con el 43,4 % del total de las personas que trabajan de manera irregular. El segundo sector es otros servicios, con un 19,80%, seguido de la industria, con un 9%, y la hostelería, con un 8,7%.
Se mantiene, pues, la tipología de años anteriores de la persona atendida en el CITE: una mujer latinoamericana, sin autorización administrativa, que trabaja de forma irregular en el sector del trabajo del hogar. Queremos destacar lo que esto significa de situación precaria, puesto que se suma la precariedad e invisibilidad del sector a la que ya comporta por sí misma la situación de irregularidad administrativa y que se ha visto muy agravada por la situación generada por la crisis sanitaria . Es por ello que reiteramos nuestra demanda al Gobierno del Estado para promover la ratificación inmediata del Convenio 189 de la OIT de trabajo digno para trabajadores domésticos para equiparar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de este sector a la resto de trabajadores y trabajadoras del régimen general de la Seguridad Social.
La memoria también ha puesto de manifiesto el reforzamiento del CITE como entidad de referencia para las personas extranjeras, especialmente aquellas que se encuentran sin autorización administrativa y, por tanto, en una situación más precaria y vulnerable. En este sentido, reiteramos la nuestra denuncia de la mercantilización del asesoramiento y la tramitación de expedientes en materia de extranjería promovida por la administración central en la última reforma del reglamento de extranjería. Estos cambios no tienen en cuenta la brecha digital que afecta a muchas personas extranjeras y dificultan el trabajo de las entidades sociales sin ánimo de lucro que atienden a las personas en una situación más precaria.
Por otra parte, la crisis sanitaria también ha puesto de manifiesto la carencia de profesionales sanitarios para hacer frente al incremento de trabajo generado por la COVID-19, y desde diferentes ámbitos empresariales se ha planteado la necesidad de abrir la contratación en origen, obviando que en nuestro país ya hay muchas personas con la preparación académica adecuada, que tienen muchas dificultades para homologar sus titulaciones, o que carecen de autorización de residencia y trabajo por no poder cumplir los requisitos exigidos para acceder a la regularidad administrativa.
Es por ello que reclamamos al Gobierno del Estado español que promueva de forma urgente las medidas extraordinarias necesarias que permitan agilizar la homologación de las titulaciones académicas y la regularización de los trabajadores y trabajadoras sin autorización administrativa, muchos de los cuales están ocupando plazas en sectores esenciales. Regularizarlos no sólo permite dar respuesta a necesidades estructurales de nuestra sociedad, como es la gestión de los cuidados. Es principalmente una cuestión de derechos humanos para garantizarles una vida digna.
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