La sentencia, divulgada este miércoles, confirma que la normativa estatal invade competencias autonómicas
La sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 21 de diciembre, que da respuesta al recurso de inconstitucionalidad promovido por el Consejo de Gobierno del País Vasco en relación con el Plan de activación para el empleo (PAE), establece que su norma de gobierno invade competencias autonómicas y asigna su gestión y ejecución a los servicios públicos de empleo. Como en el caso de la reciente sentencia (julio 2017) por el recurso de inconstitucionalidad, presentado también por Euskadi, en relación al Programa de recualificación profesional de las personas (PREPARA), se confirma que si bien la iniciativa y la normativa de las medidas de emergencia para hacer frente a la crisis de empleo aprobadas en los últimos años eran competencia estatal, no lo es su ejecución y gestión.
La ayuda de 426 euros del Plan de activación por el empleo (PAE) respondió a las demandas y la insistencia de las organizaciones sindicales en el año 2015. Ante la complejidad para cumplir con los requisitos establecidos, en abril de 2017, en su prórroga de un año (que se agota el próximo abril), los sindicatos lograron que estos requisitos fueran simplificados, facilitando el acceso a esta prestación. Así, a finales de noviembre de 2017 había en Cataluña 4.409 beneficiarios/arias, un 220% más que en noviembre de 2016. La sentencia del Tribunal Constitucional establece que la resolución “no afecta a las situaciones jurídicas consolidadas” y por tanto a los beneficiarios y beneficiarias que, en fecha de publicación de la sentencia, hayan visto aprobada la tramitación de su solicitud para recibir esta prestación.
Para CCOO de Catalunya, la sentencia del Tribunal Constitucional no hace más reforzar la necesidad de una reestructuración del mapa de prestaciones (PREPARA, PAE, RAI, subsidios…), tal y como llevan pidiendo desde hace años las organizaciones sindicales. El Ministerio de Empleo se comprometió a liderar el diálogo social sobre esta cuestión en el primer semestre de 2018. El agotamiento del Plan PREPARA y del PAE el próximo abril pone de manifiesto la urgencia de empezar este diálogo y avanzar en la reordenación de las prestaciones a los desempleados y desempleadas, con una asignación clara de los recursos y competencias que, en el caso de la gestión, planificación y ejecución de las políticas activas corresponde a las comunidades autónomas.
En cualquier caso, CCOO de Catalunya recuerda que lo que debe ponerse en primer término son los trabajadores y trabajadoras y sus necesidades, especialmente las de aquellos y aquellas más vulnerables, que requieren respuestas inmediatas. En este sentido, no podemos sino recordar que, tal y como se hacía evidente en la Encuesta de población activa (EPA) del tercer trimestre de 2017, la tasa de desprotección de los trabajadores y trabajadoras es actualmente del 71%, esto es, que 7 de cada 10 personas que han trabajado y que no tienen empleo no reciben ningún tipo de prestación. Con este trasfondo es inaplazable la necesidad de emprender con carácter de urgencia la concertación sobre esta reordenación, para reforzar las garantías para los trabajadores y trabajadoras desempleados, a la hora de ejercer su derecho a reincorporarse o acceder al mercado de trabajo.
Tal y como ha recordado la Confederación Sindical de CCOO, el Gobierno del Estado no puede obviar que la Constitución garantiza en su artículo 35.1 el derecho al trabajo y compromete, en su artículo 41, a los poderes públicos a mantener un sistema de "prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo". Estos derechos deben garantizarse para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras y deben disponer de la dotación presupuestaria y los medios y recursos necesarios para su gestión, ya sea mediante políticas activas, en nuestro caso competencia del Gobierno de Cataluña, como mediante aquellas prestaciones de "protección por desempleo" que son competencia del Estado.
Oficina de Prensa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 11 de enero de 2018