Declaración del sindicalismo transregional
¡Por unos tratados de libre comercio con una armonización al más alto nivel posible de las normas sobre medio ambiente, trabajadores y consumidores!
Actualmente, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos de América (EE.UU.) están negociando un tratado de comercio transatlántico (Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión – TTIP en inglés). Desde nuestro punto de vista, las conversaciones sobre comercio entre la UE y EEUU serían provechosas si se utilizaran para ayudar a realinear una política de comercio que pusiera las bases de unas normas para una globalización más justa. El objetivo debe ser aportar mayor prosperidad para un segmento más amplio de la población, mejorar las normas económicas, sociales y medioambientales, y crear estructuras para una competencia justa y unas buenas condiciones laborales.
En este sentido, las actuales negociaciones de tratado de libre comercio entre la UE y EE.UU. se encaminan en el sentido equivocado. Tanto las reglas confidenciales como la falta de transparencia están evitando un debate público apropiado. Algunos planes individuales, junto a los riesgos que conllevan, han salido a la luz pública causando gran preocupación y críticas generales. La principal razón para la preocupación es sobre los distintos niveles de protección para los consumidores, el medio ambiente y los trabajadores. Bajo determinadas circunstancias, un tratado de comercio que aún liberalizara más los mercados, incrementando, por tanto, la intensidad de la competencia, podría presionar a los reglamentos europeos o erosionar la cogestión y los derechos sindicales.
– Seis de los ocho derechos fundamentales de las Normas Básicas del Trabajo de la OIT no han sido ratificados por EE.UU., entre ellos convenciones de vital importancia para los sindicatos, relativos a la libertad de organización y al derecho a la negociación colectiva . EEUU tampoco ha firmado los siguientes convenios de la OIT: convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio, convenio relativo a la remuneración igualitaria, convenio relativo a la abolición de la discriminación respecto al empleo, y convenio relativo a la edad mínima para admisión en el puesto de trabajo.
– Antes de cualquier firma de un TTIP, es absolutamente necesario que los dos socios contractuales se comprometan a ratificar e implementar los convenios internacionales y las normas sobre la protección del medio ambiente, el trabajo y el consumo, lo antes posible. Esto incluiría la ratificación de las Normas Básicas del Trabajo de la OIT, otras normas del trabajo que la OIT considera relevantes y las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales.
– En los campos de la protección del medio ambiente, la protección del consumo, y la banca y la regulación del mercado financiero, el TTIP pretende crear la armonización y reconocimiento mutuo de procedimientos de regulación y aprobación que pueden ser peligrosos, porque permiten que niveles de protección más bajos (con los correspondientes bajos precios y costes) se conviertan en la norma. Esto sería el resultado tanto de acordar esta norma “más débil” como de mecanismos de mercado que desplazan productos con unos estándares “más altos” (y precios y costes más altos) a favor de otros con estándares “más bajos” .
– La liberalización de los mercados de servicios deseada por el TTIP podría poner a los servicios públicos bajo la presión de la privatización. Las protecciones especiales también en otras áreas de servicios que los sindicatos consideran necesarias podrían eliminarse.
– Es necesario excluir los servicios públicos de las negociaciones con EE.UU. Servicios como la educación y la sanidad, o servicios relacionados con el mercado laboral y social, así como servicios audiovisuales y culturales y también el abastecimiento de agua corriente y los servicios postales o de transporte público municipal, no deberían ser temas de negociación, incluso si una de las dos o las dos partes contractuales las hubieran ya liberalizado. Muchos servicios públicos son diseñados y desarrollados a través de organizaciones locales y regionales y el TTIP comporta una amenaza de erosionar los procesos de decisión democrática tanto a nivel regional como nacional. Así, las autoridades públicas locales o regionales deben ver garantizada un área permanente y exhaustiva de operaciones para designar servicios de interés económico general.
– Las negociaciones con EE.UU. deben servir para reforzar el principio de adquisición pública responsable ecológica y socialmente. Es decir, por unir la concesión de contratos con el cumplimiento de acuerdos de negociación colectiva, pago de salarios mínimos y condiciones similares. Bajo ningún concepto, los mercados de adquisición liberalizados en el contexto del TTIP pueden llevar a situaciones en las que las reglas existentes ya no se apliquen en la concesión de contratos públicos.
– En caso de que el TTIP introduzca reglas que permitan una amplia interpretación de términos como “expropiación indirecta” o “tratamiento justo y equitativo”, los inversos extranjeros podrían definir toda la nueva legislación medioambiental o de derechos laborales reforzados, como una infracción de sus derechos como inversores. En uso de derechos especiales de indemnización (Acuerdo sobre la disputa estado-inversor, ISDS en inglés) los inversores privados podrían combatir estas leyes ante tribunales opacos de arbitraje. No puede aceptarse que la protección de los derechos de los trabajadores, de los derechos medioambientales y otras medidas gubernamentales para el bien público estén subordinadas a los intereses de los inversores extranjeros.
– Las regulaciones de protección de la inversión no son necesarias en un acuerdo entre EE.UU. y la UE y no deben ser introducidas a través de un TTIP. Es necesario rechazar, en cualquier tipo de acuerdo, el arbitraje inversor/estado y las definiciones mal hechas sobre términos legales como “tratamiento justo y equitable” o “expropiación indirecta”.
– Se ha sabido de planes para utilizar el TTIP para crear un consejo de cooperación reguladora transatlántico que controlaría y evaluaría nuevas normas y leyes una vez que el acuerdo haya entrado en vigor. Esto podría preparar el terreno para la influencia de los lobbies y restringir las posibilidades que tendrían los gobiernos y parlamentos de aprobar leyes sensatas en favor del interés público. – Se debería excluir el poner en peligro, debilitar o esquivar el derecho democrático de hacer reglas pensadas para proteger temas de beneficio común. Los parlamentos y gobiernos tienen la autoridad de aprobar leyes y regulaciones para beneficio de sus ciudadanos y de acuerdo con sus deseos. No puede permitirse que todo esto sea más difícil gracias a la creación de un “consejo de gobierno” en el contexto de la cooperación reguladora.
Debido a estas preocupaciones, debería suspenderse las actuales negociaciones del TTIP. Habría que establecer nuevos objetivos. Habría que utilizar esta suspensión para redefinir una autoridad negociadora de la UE que sea transparente, de cara a establecer un nuevo enfoque fundamental en la política global del comercio que se centre en la creación de relaciones comerciales justas, es decir, un marco regulador y político más equitable para la globalización en interés de la mano de obra y los consumidores, en lugar de sólo incrementar las presiones competitivas a través de la desregulación y liberalización del mercado.
Bajo ningún concepto pueden reducirse los niveles de protección para el medio ambiente, trabajadores y consumidores, ya sea de forma directa o indirecta. No debe existir un reconocimiento mutuo de normas, que no son equivalentes en cuanto a efectos reguladores o de funciones. El objetivo debe ser la armonización de las normas de medio ambiente, trabajo y consumo al nivel más alto posible, lo que excluiría la competencia basada en el dumping. Es más, cualquier acuerdo debe contener una cláusula de revisión que haga posible corregir desarrollos erróneos e indeseables.
Joan Carles Gallego, secretario general de CCOO de Catalunya
Josep Maria Álvarez, secretario general de UGT de Catalunya
Elena Lattuada, secretaria general de la CGIL de Lombardía
Gigi Petteni, secretario general de la CISL de Lombardía
Hartmut Tolle, secretario general del DGB Baden-Württemberg
Nico Landgraf, secretario general del DGB Baja Sajonia
Bruno Bouvier, secretario general de la CGT Ródano-Alpes
Megan Dobney, secretaria general de la SERTUC (Reino Unido)
Oficina de Prensa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 10 de octubre de 2014