CCOO valora positivamente el acuerdo para retirar los recursos al TC contra la ley para hacer frente a la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética

Buen acuerdo para recuperar derechos suspendidos

CCOO valora positivamente el acuerdo institucional para retirar dos de los tres recursos en el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley 24/2015 de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

Concretamente, las medidas que se van a recuperar en el caso de la Ley 24/2015 son dos. Por un lado, la obligación de ofrecer un alquiler social antes de realizar cualquier desahucio. Por otra parte, que la Administración obligue a los grandes tenedores a ceder viviendas para el parque social de alquiler siempre que exista, al menos, una familia en riesgo de exclusión dentro del mismo municipio.

Para CCOO este acuerdo supone un avance y rectifica parcialmente una política nefasta del anterior gobierno del PP de enmendar por la vía del TC derechos sociales legislados por consenso en el Parlament de Catalunya y que cuentan con gran apoyo popular.

Como ayer señalaba un sondeo del Ayuntamiento de Barcelona, ​​la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de la ciudadanía, la primera en la ciudad. Acuerdos institucionales como el de ayer entran en la lógica de lo que debería convertirse en una prioridad para cualquier administración pública.

Ha sido la movilización ciudadana y de las entidades, especialmente las que formaron parte de la ILP que dio origen a la Ley y todo lo demás que, como CCOO, nos hemos comprometido firmemente con la adhesión con un manifiesto reivindicativo, recientemente hecho público en el acto que se realizó ante el Parlament de Catalunya el pasado 17 de octubre, lo que ha hecho posible la rectificación por parte del nuevo Gobierno estatal.

Sin embargo, la lucha por hacer efectivo el derecho a una vivienda digna para todo el mundo continúa. Es necesaria inversión pública para alcanzar las cifras que la Ley catalana del Derecho a la Vivienda de 2007 planteaba y llegar a un mínimo de un 15% de parque público de viviendas, es necesario reformar la ley de arrendamientos urbanos para proteger a los inquilinos y inquilinos de los abusos de la especulación inmobiliaria y el acoso, es necesario continuar actuando contra los desahucios de familias y personas en riesgo de exclusión social, son necesarias medidas para evitar la gentrificación en los barrios y la promoción y reserva de suelo por vivienda asequible y/ o de protección oficial.

Oficina de Prensa de CCOO de Catalunya
Barcelona, ​​31 de octubre de 2018