El acuerdo garantiza alternativas de empleo para toda la plantilla, con unas condiciones económicas y laborales dignas
Por último, la dirección de Sidenor y la representación de los trabajadores y trabajadoras han llegado a un acuerdo sobre el plan de cierre de las instalaciones de Calibrados de Precisión (CAPRESA), de La Llagosta. Aunque no se ha podido evitar el cierre de la factoría vallesana, CCOO de Indústria de Catalunya valoramos positivamente el acuerdo alcanzado el 16 de noviembre, ya que garantiza alternativas de empleo para todos los trabajadores y trabajadoras afectados, con unas condiciones económicas y laborales dignas.
Después de un mes de intensas negociaciones, se ha acordado el cambio del expediente de despido colectivo de toda la plantilla de CAPRESA por un plan de movilidad geográfica y modificación sustancial de las condiciones de trabajo para garantizar el empleo en las mejores condiciones.
En primer lugar, se acuerda el mantenimiento del empleo a todos los trabajadores y trabajadoras afectados dentro de las empresas del grupo Sidenor, una garantía de que a día de hoy pasa por la fábrica de Vitoria. El traslado de la maquinaria, la actividad y las personas se hará de forma gradual hasta finales del mes de junio de 2019. Las personas que se trasladen recibirán una compensación económica de 12.000 € por gastos de mudanza y traslado, además de un permiso retribuido de 5 días laborables para facilitar las gestiones de cambio de residencia.
A estos trabajadores se les aplicará el convenio de la fábrica de Vitoria, que para la mayoría es más ventajoso en materia económica y de jornada laboral; sin embargo, se garantiza una cláusula salarial para aquellas personas cuyo salario de origen sea superior al de destino. También se les ofrece un plan de formación y acogida en el nuevo puesto de trabajo, con la participación de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras.
Por otra parte, el acuerdo también contempla una opción de extinción inmediata del puesto de trabajo para aquellas personas que no opten por el traslado, una opción que mejora la legislación vigente en esta materia y que está cuantificada en una indemnización de 33 días por año trabajado, con un máximo de 13 mensualidades.
El acuerdo también establece la creación de una comisión de seguimiento para garantizar el cumplimiento del mismo y con competencias en todas aquellas cuestiones que puedan surgir en el período de traslados.